El grupo del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz demandó ayer al área de Vivienda, que dirige Marta Arocha, "una acción específica ante Visocan por la situación que atraviesan las familias de las conocidas como las 358 viviendas de Añaza", que se vieron afectadas por la gestión de fondos buitres a finales de 2018. En este caso, el PP advierte de que, a pesar de que las viviendas han sido adquiridas por la empresa dependiente del Gobierno de Canarias, sus familias se encuentran "en una situación de incertidumbre con respecto a sus viviendas".

Así lo destacaron los portavoces del grupo y concejales en la corporación Guillermo Díaz Guerra y Carlos Tarife, y la parlamentaria Luz Reverón, quienes explicaron que se reunirán con un grupo de vecinos afectados por la situación. Sobre ello, el segundo apuntó que "los vecinos se quejan del precio de los alquileres, de las escasas opciones que tienen a la hora de afrontar las deudas pendientes que tienen con Visocan y de la gestión de las comunidades de propietarios (actualmente en manos del propio Gobierno de Canarias)", que en su opinión, "es ampliamente mejorable".

"Los vecinos recibieron promesas electorales del PSOE el pasado mes de mayo respecto a su situación, pero la comunicación con el Ayuntamiento es escasa, toda vez que siguen a la espera de que la alcaldesa ponga fecha para tratar un asunto fundamental para estas familias".

Díaz Guerra advirtió de la existencia de "casos de familias con menores con discapacidad y problemas de accesibilidad a los que se han dado viviendas no adaptadas, o familias con más recursos que otras, a las que tampoco se les ha dado la posibilidad de plantear un alquiler con opción a compra".

El PP considera que "queda patente el uso partidista de este asunto", recordando que por parte del Ejecutivo regional, que realizó una compra a un fondo bancario para evitar desahucios, no ha vuelto a comparecer en Añaza para atender las demandas vecinales, con la complicidad de la alcaldesa de Santa Cruz".