Coalición pide la demolición definitiva del 'mamotreto de Añaza'

La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, solicita la demolición y posterior recogida de escombros y restos del edificio inacabado próximo a la urbanización Acorán, repercutiendo subsidiariamente el coste de los trabajos en los propietarios del inmueble.

Asimismo, el grupo nacionalista pide gestionar, si fuera preciso, la cooperación del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias en la ejecución de esta actuación, justificada por la necesaria rehabilitación de la costa, resolviendo además la situación de inseguridad registrada en torno a este edificio, pese a las medidas adoptadas durante el pasado mandato.

El origen de este edificio se remonta a comienzos de la década de los 70, cuando un grupo de promotores alemanes adquirió una parcela en la costa del municipio de El Rosario, dentro de los terrenos que posteriormente fueron segregados a Santa Cruz, con el fin de promover la construcción de un complejo turístico.

Proyectado como un edificio de 22 plantas de altura, sobre una superficie de 2.350 metros cuadrados y con una superficie edificada estimada de 40.000 metros cuadrados, el complejo pretendía albergar 741 apartamentos de uso para tiempo compartido (time sharing). Los trabajos se iniciaron en torno a 1973 y dieron lugar en poco tiempo a un inmueble en forma de Y griega, cuya construcción se vio paralizada antes de que pasaran dos años, por los efectos económicos de la crisis del petróleo y la anulación de la normativa turística que había propiciado su puesta en marcha.

El portavoz del grupo municipal de CC-PNC, Juan José Martínez, ha indicado que durante los 45 años transcurridos, este edificio inacabado "ha soportado impasible el paso del tiempo, siendo hoy un antiestético 'mamotreto' que, además de producir un indiscutible impacto paisajístico en la zona próxima a la urbanización Acorán, en las inmediaciones del barrio de Añaza, genera problemas de inseguridad para las personas, por más que desde el Ayuntamiento se ha tratado de impedir el acceso a su interior".

Juan José Martínez ha querido recordar que durante el pasado mandato, el Consistorio estableció dos líneas de actuación en torno al edificio. La primera de ellas se dirigió a garantizar la seguridad, mediante la instalación de un vallado perimetral en la parcela, con el fin de impedir la entrada al inmueble, además de advertir la prohibición del acceso con señales situadas cada diez metros, en todo el perímetro. El coste de esta actuación ascendió a cerca de 100.000 euros.

La segunda acción consistió en la apertura de un informe sobre el estado del edificio, que devino en declarar la caducidad de la licencia de edificación otorgada en su día. A partir de esa decisión se encargó un peritaje técnico para determinar el coste aproximado de la demolición y posterior recogida de escombros y restos, concluyendo en que el coste de la desaparición del edificio se cifraba en 1,8 millones de euros.

El concejal añadió, además, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decretó en 1998 que el edificio invadía una zona de servidumbre marítimo-terrestre, por lo que había de ser demolido. Este pronunciamiento, que fue incorporado al Plan General de Ordenación (PGO), vino a decir que se redactara un plan especial en el que se contemple la demolición del edificio y la rehabilitación de la costa.

Para hacer viable el derribo, apunta Juan José Martínez, la Gerencia Municipal de Urbanismo decidió retomar la búsqueda de los propietarios del edificio, iniciada tiempo atrás, para que se responsabilizaran del coste de la demolición, sin que fuera posible su localización. Meses antes, en octubre de 2018, caducó la licencia otorgada en su momento a los promotores originales, por lo que se tuvo vía libre para intervenir de manera subsidiaria y adoptar una decisión al respecto.

Por otro lado, el concejal nacionalista ha precisado que la Gerencia Municipal de Urbanismo, a través del área de Disciplina Urbanística, emitió una resolución el pasado 6 de agosto con la que ordenaba a las empresas propietarias del solar en el que se encuentra el 'Mamotreto de Añaza' que ejecutasen medidas de seguridad en el plazo de cinco días y se les exigía que iniciasen, en el plazo de dos meses, el procedimiento para la demolición o finalización del edificio. Y es que, tras una larga investigación, ya se ha logrado averiguar, al menos, los nombres de las citadas entidades.

Con esta nueva resolución, la Gerencia Municipal de Urbanismo revocaba parcialmente la que se emitió el 5 de junio de 2018, durante el anterior mandato, en el marco de este mismo expediente, toda vez que estaba dirigida a persona distinta de los que resultan ser propietarios y responsables del solar en el que se encuentra el inmueble abandonado.

Tras varios intentos, finalmente Urbanismo averiguó los nombres de las empresas y entidades propietarias de los terrenos y les instaba a que, en un plazo de dos meses, solicitasen los correspondientes títulos habilitantes para la demolición o finalización del inmueble, advirtiéndoseles que la sanción por su incumplimiento puede alcanzar los 150.000 euros.

A tenor de todos estos antecedentes, transcurridos cinco meses desde el anuncio de tales actuaciones, el grupo nacionalista solicita a través de una moción el apoyo del Pleno para iniciar la tramitación necesaria para acometer la definitiva demolición del edificio.