La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, "dada la situación de peligrosidad existente", demolerá parte de la vivienda número 20 de la calle Marañuelas, situada en el Distrito Centro de la ciudad. Lo hará a través del procedimiento de ejecución subsidiaria, debido a que el propietario de este inmueble no ha respondido a las notificaciones emitidas por el Consistorio para que se establecieran las medidas de seguridad pertinentes.
La última resolución municipal referida a esta vieja construcción, en la que se encontraba un antiguo estudio de grabaciones, fue dictada el 8 de enero. En ella, y tras varias avisos dirigidos al propietario de la vivienda sin que se haya producido respuesta alguna, Urbanismo ordena la ejecución subsidiaria "de las medidas de seguridad dictadas en la resolución del 30 de octubre de 2019, consistentes en la demolición controlada del parapeto de la cubierta, con posterior remate con mortero hidrófugo, picado y remate de los dinteles que se encuentran afectados por agrietamientos y fisuras; instalación de red de protección doble anticascotes debidamente anclada, reforzada y estable; y vallado de seguridad perimetral estable con la debida señalización".
De esta forma, el Ayuntamiento de Santa Cruz decide, a raíz del deterioro que presenta el inmueble y debido a que este supone un riesgo para personas y bienes, proceder a la ejecución de las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad. Eso sí, la liquidación de los gastos que esta ejecución subsidiaria genere se requerirá al propietario de la vivienda. Las obras señaladas con anterioridad supondrán un coste aproximado, según se indica en el informe técnico del Servicio de Disciplina Urbanística, de unos 5.000 euros, "sin perjuicio de la tasación contradictoria y recursos que pudieran interponerse".
En la última resolución emitida por el Consistorio chicharrero, se solicita al propietario de la construcción, "dada la peligrosidad existente", que "manifieste, expresamente y por escrito, la autorización o inconveniencia para que la Gerencia Municipal de Urbanismo pueda acceder al inmueble a fin de ejecutar dichos trabajos de seguridad". Para ello, podrá presentar por escrito, en un plazo de tres días, su "autorización expresa" ante la Gerencia, cuya sede está situada en la avenida Tres de Mayo.
La Gerencia Municipal de Urbanismo también ha dictado en estos días, y debido al riesgo existente, una resolución dirigida al propietario del inmueble número 25 de la calle Doctor Allart, situada en el centro de la ciudad. En ella, el Consistorio chicharrero ordena al dueño del céntrico inmueble que proceda, en un plazo máximo de cinco días, a adoptar medidas de seguridad.
En concreto, Urbanismo exige que se coloque "una maya de protección exterior anticascotes debidamente anclada, que recubra suficientemente las cornisas o elementos ornamentales en los que se detectan procesos patológicos de agrietamientos, roturas y/o fisuración, pues existe peligro de caída de material a la vía pública". Asimismo, la Gerencia indica que, además, se deberá inspeccionar y revisar la totalidad de la fachada.
"Las medidas de seguridad deberán estar dirigidas, diseñadas y supervisadas a cargo de técnicos competentes, y podrán ser sustituidas por otras equivalentes e igual de efectivas, siempre previo estudio y evaluación a cargo de los técnicos. Se deberán adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para su instalación", se establece en la resolución de Urbanismo.
Una vez que se hayan realizado todos estos trabajos, se deberá presentar, en un plazo de 5 días desde su ejecución, un certificado de idoneidad de las medidas adoptadas, "para garantizar en todo momento la seguridad de personas y bienes". El Ayuntamiento recuerda que, en el caso de que el propietario de este inmueble incumpla dicha orden, Urbanismo podrá llevar a cabo las obras a través del procedimiento de ejecución subsidiaria. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre los 6.000 y los 150.000 euros.
