El expediente de demolición del edificio de aparcamientos en la playa de las Teresitas, conocido como mamotreto, escribe un capítulo más en sede judicial. La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Méndez, reclamó al Ayuntamiento chicharrero, mediante una providencia, que remitiera a dicho órgano judicial toda la documentación y facturas de las cantidades abonadas y de las no abonadas, pero comprometidas, relacionadas con el derribo de dicho edificio para reclamárselas, si se ajustaran a derecho, a los seis condenados en este caso, quienes no solo debían cumplir mediante sentencia firme con una pena de privación de libertad, sino que también se les obliga a pagar las obras de demolición. Entre ellos están los exediles nacionalistas Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez Pastor.

Pero la documentación remitida por la Tesorería del Ayuntamiento y la enviada por los Servicios Jurídicos, a la que ha tenido acceso EL DÍA, recoge cantidades de dinero bien distintas. Mientras la Tesorería municipal justifica que el Consistorio ha abonado a terceros un total de 293.708,31 euros, los Servicios Jurídicos elevan esta cifra a algo más de 396.000 euros, ya que su documentación incluye cantidades que finalmente el Ayuntamiento no se vio comprometido a pagar a la empresa adjudicataria del contrato de demolición, ya que esta no cumplió con obras de mejora en el entorno, como el reasfaltado.

Tampoco incluye, por ejemplo, la liquidación del contrato, que giraría sobre los 40.445 euros, cantidad que además de no estar bien calculada fue objeto de reparo por parte de la Intervención y, por tanto, no se abonó.

La Tesorería municipal, por su parte, relaciona en su informe de "pagos a terceros" una cantidad total abonada que asciende a 293.708,31 euros, cifra que, desglosada, corresponde a la realización de la redacción de los proyectos de demolición total y parcial del edificio de aparcamientos (18.000 euros), de la que se encargó el área de Gestión Urbanística de Santa Cruz; informe de documentación redacción de proyecto de demolición (18.720 euros); abono de la factura por honorarios de la coordinación de seguridad y salud en el proyecto de ejecución de la demolición (680 euros); abono de las tres primeras certificaciones de obra de la demolición (188.068,84 euros) a la contrata Joca Ingeniería y Construcciones, así como una cuarta certificación que se le abona por un importe de 68.234,47 euros. Las cuatro certificaciones elevan el abono a esta constructora en 256.303,31 euros.

Con esta documentación, la magistrada podrá resolver también la pretensión de los condenados que, en un escrito presentado por el abogado Alfonso Delgado, solicita abonar solo 132.467 euros, el 33% del total que el Ayuntamiento les reclama por el derribo del edificio.