La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, confirmó ayer que ya ha concluido el plazo para que el empresario Antonio Plasencia presentara alegaciones sobre el embargo preventivo que dictó el pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial sobre dos edificios que una de sus empresas, Carlacand, tiene en la capital.
En declaraciones a los medios tras concluir la presentación de Distrito Joven, Hernández detalló que ahora esperan por la firmeza o no de este acto. "Estaremos en los plazos que nos diga el juzgado", indicó.
El embargo se produjo después de que la Justicia aceptara la petición realizada por el Ayuntamiento para que se adoptara, con carácter cautelar, esta medida, ante la sospecha de la existencia de "un entramado societario que pretendía esconder los bienes de los condenados por Las Teresitas para evitar pagar a los chicharreros los casi 100 millones que deben por la operación de compraventa de la playa".
El bloqueo de estas propiedades, que suman entre las dos unos 70 millones de euros, se realiza con motivo de la deuda que los condenados mantienen con la capital por la operación de compraventa en 2001 de la playa, que supera los 97 millones de euros.
Plazo para la querella
El que no ha concluido aún es el periodo de presentación de alegaciones sobre la querella que también presentó el Consistorio contra el mismo empresario, varios miembros de su familia y contra la entidad Puzolana y Áridos de Tenerife por un presunto delito de alzamiento de bienes, en relación a la operación de compraventa de los terrenos anexos al hospital de La Candelaria.
Estas parcelas fueron vendidas al Gobierno canario por 5,5 millones de euros a finales de 2018. Y el Consistorio cree que se intentó esconder este dinero a la Justicia para no destinarlo a pagar la deuda de casi 100 millones que los condenados por Las Teresitas.
La alcaldesa indicó ayer que estas son "por ahora" las dos acciones que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, pero avanzó que "habrá más" sobre otras propiedades y personas.
