El Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el Ayuntamiento de la capital contra el empresario Antonio Plasencia, condenado por el caso de Las Teresitas, por un presunto delito de alzamiento de bienes en relación a la operación de compraventa de los terrenos anexos al hospital de La Candelaria. Estas parcelas fueron vendidas al Gobierno canario por 5,5 millones de euros a finales de 2018. El Consistorio chicharrero considera que "se intentó esconder este dinero a la Justicia para no destinarlo a pagar la deuda de casi 100 millones que los condenados por Las Teresitas", entre los que también se encuentran el exalcalde nacionalista Miguel Zerolo y el empresario Ignacio González, fallecido recientemente en prisión, "deben a Santa Cruz".
En concreto, esta querella criminal fue presentada por el Ayuntamiento capitalino a finales de noviembre y no solo está dirigida al empresario Antonio Plasencia, sino también a varios miembros de su familia y a la entidad Puzolana y Áridos de Tenerife. En el auto de la jueza Luz Alicia Casañas, de fecha 26 de diciembre, al que ha tenido acceso El DÍA, se acepta la denuncia del Consistorio chicharrero y se incoan diligencias previas, por lo que los investigados tendrán que declarar. A éstos se les concede un plazo de tres días para interponer, ante el citado Juzgado, un recurso de reforma.
El nuevo grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz (formado por el PSOE y Ciudadanos) ha dejado claro que no parará hasta conseguir que los condenados por la operación de compraventa del frente de la playa chicharrera -realizada en 2001 y con la que el Consistorio compró a Inversiones Las Teresitas, empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia, el frente de la citada zona de baño- asuman la deuda que tienen con la capital.
En primer lugar, el Gobierno local solicitó a la Audiencia Provincial que ordenase el embargo preventivo de los dos edificios que supuestamente Antonio Plasencia tiene en la capital, uno alquilado por la Consejería de Educación del Gobierno canario desde 2005, situado en la avenida Tres de Mayo, y otro ubicado en Cabo Llanos, que el Cabildo intentó adquirir en el anterior mandato. Ambos inmuebles están valorados en unos 60 millones de euros. Asimismo, el Ayuntamiento solicitó el levantamiento de velo de la empresa Carlacand, propietaria de los edificios, y de Promotora Punta Larga, ante la sospecha de que "exista un entramado societario para ocultar los bienes, pues Carlacand es Punta Larga y ésta es Inversiones Las Teresitas". A mediados de noviembre, la Justicia aceptó dichas peticiones del Consistorio.
En segundo lugar, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó una querella criminal contra el empresario Antonio Plasencia por un supuesto delito de "frustración de la ejecución" en relación a los terrenos de la Residencia. Y en este caso, también se ha aceptado la petición municipal. El auto se ha dictado recientemente y la denuncia ha sido admitida a trámite.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma, con el fin de construir un aparcamiento y ampliar las instalaciones del Hospital de La Candelaria, compró los terrenos necesarios a la empresa Puzolana, "entonces de Antonio Plasencia". Según ha manifestado el Gobierno local, "en medio de esta operación, se cambió el accionariado de la entidad". El Ayuntamiento capitalino sospecha que el 40% de las acciones fueron vendidas a los hijos del empresario y, por ello, presentó la querella criminal contra Antonio Plasencia.
Desde la Corporación local se ha asegurado que "no vamos a permitir que el patrimonio se mueva de manos en manos, que se intenten esconder 5,5 millones ante la Justicia".
Por otro lado, el actual grupo de Gobierno ha criticado que cuando llegó al Ayuntamiento, solo se habían ingresado en las cuentas municipales 100 euros por parte de los condenados por Las Teresitas. Éste ha recuperado ya dos millones de euros e insiste que no parará hasta conseguirlo todo.
