El desahucio de Dolores Rosales, pendiente de una sentencia

La acusación

El representante de la mercantil expuso ante el juez que el ingreso para abonar la actualización de la renta de los cinco años anteriores se hizo fuera de plazo y la sociedad se enteró varios meses después, cuando ya estaba presentada la demanda de desahucio. ¿El motivo? Pues que la transferencia la hizo una persona a la que no identifican como su arrendataria. En realidad, la efectuó su hija, "pero no consta que ese pago lo hicieran a favor de la arrendataria". Aclaró que abonar el dinero tras la interposición de la demanda de desahucio ya invalida tal acción.

Sobre el impago del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la tasa de la basura, aclaró el citado abogado de Satyani que la defensa solo envió en julio de este año una carta para exponer que las cantidades demandadas eran improcedentes. Y tampoco les consta que la inquilina, cuando aún tenía algo más de movilidad, fuera a buscar recibos y no se los dieran. Advirtió de que "cualquier importe que cojamos sería suficiente para practicar el desahucio". Llegó a manifestar que su cliente (que adquirió la finca en 2003) no se enteró hasta noviembre del 2018 que en dicha casa había una arrendataria. Apuntó que, gracias "a la buena fe" de los dueños de Satyani de Inversiones, hasta enero del 2019 Dolores Rosales solo pagó la luz y el agua en la casa, pero no la renta actualizada, ni el IBI ni la basura. Explicó que han sido intolerables las acusaciones de acoso a la mujer o la presión de los medios de comunicación. Indicó que, con base en el deber que tienen los hijos con los padres, "nadie dejaría que alguien viviera en esas condiciones y los hijos deberían sacar a su madre de allí". Advirtió de que ahora el Ayuntamiento "no nos dejaría alquilar" dicho domicilio "en ese estado".

La defensa

El abogado de Dolores Rosales indicó que a la mercantil no se le piden "moralidad ni humanidad", pero sí la suficiente solvencia para saber que los ingresos que recibe proceden de una determinada arrendataria. Advirtió de que la nonagenaria "no ha querido dejar de pagar" y, como ejemplo, recordó que, tras recibir en noviembre del 2018 la reclamación de las diferentes cantidades, el 24 de enero del 2019 se abonó el conjunto de las rentas atrasadas de cinco años, así como el alquiler de diciembre del 2018 y enero del 2019. Rivero advirtió de que la sociedad mercantil ha pasado de solicitar más de 9.000 euros a poco menos de la mitad, desde que entró ayer en la sala, y la mayor parte corresponde al IBI, unos 3.114 euros. Pero uno de los principales argumentos de la Defensa consiste en que dicha cantidad se aplica a las dos plantas de la edificación, cuando la demandada solo ocupa la parte alta, mientras que la baja está alquilada por Satyani a quienes explotan un bar. Es decir, que no es justo que esta mujer pague por todo el inmueble. Aclaró que en el edificio no se ha hecho "división horizontal" y, por tanto, "no procede reclamarle todo el IBI" a la inquilina.

El supuesto estado de ruina

Rivero explicó que la vecina no se opone a pagar lo que le corresponde de la basura. Sobre el supuesto mal estado de la vivienda para residir, este abogado señaló que en los últimos meses ha habido problemas de humedades y la propiedad no ha hecho nada para evitarlos. Indicó que si realmente existiera un estado de ruina en la casa, ya el Ayuntamiento o la Gerencia de Urbanismo hubieran intervenido para desalojarla y prevenir una tragedia.

El abogado de la acusación declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación después de la celebración de la vista.

Si la sentencia es favorable a la parte acusadora, el lanzamiento de la vecina de la calle Candelaria está previsto para el próximo 17 de enero, según reconoció Javier Rivero en la entrada del Palacio de Justicia.