El consenso que, hasta ahora, se había alcanzado en torno a la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz parece haber saltado por los aires tras conocerse las intenciones del nuevo Gobierno de Canarias de renunciar a centralizar todos los órganos judiciales en Cabo Llanos, tal y como se había acordado la pasada Legislatura entre partidos y operadores judiciales.

Dirigentes de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) en Santa Cruz expresaron ayer su rechazo a la posibilidad de que la futuro Ciudad de la Justicia sufra recortes, opción que dejó entrever este miércoles en comisión parlamentaria el consejero de Administraciones Públicas, Justicia e Igualdad, Julio Pérez.

Pérez indicó que el Ejecutivo se está planteando mantener con usos judiciales el actual Palacio de Justicia, ubicado en la avenida Tres de Mayo, una decisión que implicaría que las nuevas infraestructuras previstas en Cabo Llanos no fueran tan grandes.

También dijo el consejero que hasta que no haya un pronunciamiento definitivo sobre la nulidad del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz no tiene sentido tomar decisiones.

Juan José Martínez, portavoz municipal de CC, denunció que lo que pretende hacer el Gobierno es "poco menos que dar una mano de pintura al actual edificio y ampliar algo los alrededores". "Exigimos que sea un Palacio de Justicia para los próximos 30-40 años, algo similar al de Las Palmas de Gran Canaria", sostuvo. "Lo que se atisba es un proyecto devaluado sobre el original", puntualizó.

El concejal nacionalista consideró que el planteamiento del Ejecutivo supone retrasar las nuevas instalaciones "como mínimo" una década, pues esperar por el Plan General pueden ser cuatro o cinco años "con suerte y si no hay impugnaciones, más la redacción del proyecto y su construcción".

"Santa Cruz merece unas instalaciones de primer nivel que den solución de espacios y medios suficientes a la administración de Justicia. No puede ser un apaño. El acuerdo plenario de Santa Cruz insta al Gobierno canario a realizar la actuación urbanística de la Ciudad de la Justicia mediante los instrumentos legales que le da la Ley 4/2017 de Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en especial los artículos 123 y siguientes y/o los artículos 168 y siguientes", recordó Martínez.

"El PGO y el Plan Insular de Ordenación (PIO) deberán adaptarse, en la primera revisión que se haga, para amparar estos proyectos. La ley prevé esta salvedad para un sistema general o equipamiento público, máxime en este caso, ante el más que evidente caos en la justicia, por lo que es posible este mecanismo ágil, convalidado, además, por el Tribunal Constitucional", añadió.

En esta línea, el concejal del PP y exresponsable del área de Urbanismo de la capital, Carlos Tarife, afirmó también que "no entiende" por qué el Gobierno regional espera por el PGO de la capital, pues si decae el actual habría que retrotraerse al avance del 2005 y si se espera por el nuevo "no va a estar, como mínimo, hasta 2022".

"Los trabajadores de Justicia no pueden esperar hasta esa fecha para ver iniciada una obra que suplirá las carencias actuales en la provincia de Santa Cruz", dijo el edil, quien solicitó al Gobierno "que coja el toro por los cuernos y potencie, a través de la Ley del Suelo, la ubicación concreta de la nueva Ciudad de la Justicia".

"Todos los actores de la Justicia quieren Cabo Llanos, pero se sigue pendiente del desarrollo de las zonas verdes y hay gente que sigue mirando para otro lado", recalcó Carlos Tarife.

El concejal del PP consideró, en todo caso, que en este asunto CC "no puede sacar mucho pecho", pues son los "culpables" de que durante los últimos años no se haya movido una pieza por la nueva sede judicial". "La prometieron en El Sobradillo y luego rectificaron a Cabo Llanos, donde se encontraron los problemas urbanísticos ya conocidos", concretó.

También mostró su oposición a los cambios anunciados por el consejero el sindicado UGT. Goyo Pérez, delegado sindical de los funcionarios de Justicia, dijo que "no comparte" el nuevo posicionamiento del Gobierno canario. "Si volvemos a estar con un más de lo mismo y a seguir con la diversificación de edificios judiciales, pues no lo compartimos", apunto el sindicalista. "Ese no es el fin que perseguíamos. Al fin y al cabo, eso es un parche, y no es lo que queremos", añadió.