El consejero de Administraciones Públicas, Justicia e Igualdad, Julio Pérez, reconoció ayer que el Gobierno de Canarias se está planteando "mantener" con usos judiciales el actual Palacio de Justicia de Santa Cruz, ubicado en la avenida Tres de Mayo y que ocupa una superficie de 20.000 metros cuadrados, una decisión que implicaría que la nueva Ciudad de la Justicia, planificada en Cabo Llanos por el anterior Ejecutivo, "no fuera tan grande". Ambas ubicaciones están separadas por unos 500 metros.
En comisión parlamentaria y a respuesta de una pregunta de la diputada del Partido Popular (PP) Luz Reverón, el consejero regional detalló que si finalmente se llevara a cabo esta opción no sería necesario construir los casi 60.000 metros cuadrados disponibles en el área de Cabo Llanos, distribuidos en tres parcelas, una de ellas con uso dotacional. Precisamente, Pérez hizo mención a las "incertidumbres" y "complicaciones" que presenta la ubicación de Cabo Llanos y que tratará de aclarar un informe encargado a la empresa pública Gestur.
Entre esas incertidumbres se encuentra el Plan General de Ordenación (PGO) de la capital. El consejero indicó al respecto que hasta que no haya un pronunciamiento definitivo de la Justicia sobre la nulidad del PGO "no tiene sentido" tomar decisiones "porque las cambiará".
"Cuando sepamos cuál es el PGO tendremos que ver qué cambios hay que introducir, pues para construir en Cabo Llanos hay que cambiar las titularidades de las parcelas y la situación de los equipamientos en la zona, porque hay previsto un colegio y una plaza pública que tendrán que ir a otro lado", sostuvo.
El consejero dejó claro que sea cual sea el planeamiento vigente -el actual o el nuevo que está en elaboración- "probablemente" será necesaria siempre la intervención del Gobierno, "salvo que nos limitemos a usar la parcela que hoy está adjudicada a Justicia y que tiene ese uso previsto". "Si nos limitáramos a esa solamente podría empezar a construirse el edificio mañana", detalló.
En todo caso, y cuestionado por Reverón sobre la posibilidad de que los cambios anunciados en la Ley del Suelo afecten al uso que se pueda hacer de esa norma para construir la nueva sede judicial de Cabo Llanos, el consejero aseguró que estas modificaciones "no impedirán" esa posibilidad.
En este sentido, Julio Pérez aseguró que ya se ha reunido en dos ocasiones con la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, para abordar este asunto y deslizó que "ya conocen" qué piensa hacer el Ayuntamiento de la capital.
En el actual Palacio de Justicia de Tres de Mayo, y una vez finalizado el traslado al futuro edificio de todos los órganos judiciales, el Gobierno anterior había previsto instalar oficinas de otros servicios públicos.
Sin embargo, la nueva propuesta que baraja el Ejecutivo canario permitiría recolocar en el inmueble de Tres de Mayo órganos como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ahora ubicado en un edificio municipal de la plaza de San Francisco. "Aunque caben más cosas", precisó Julio Pérez a EL DÍA al concluir la comisión.
"Podríamos intentar edificios judiciales especializados, como uno con los órganos colegiados, con los servicios comunes, la biblioteca, la Fiscalía o mejorar las instalaciones del Instituto de Medicinal Legal", valoró.
Al respecto, el consejero se preguntó por qué el anterior Gobierno pensó en prescindir de la actual sede del Palacio de Justicia. "Puede aprovecharse o remodelarse y, por tanto, la presión sobre el otro sería menor. En vez de construir 57.000 metros tendríamos que construir menos", dijo.
Un edificio controvertido
La nueva Ciudad de la Justicia, de cuya construcción comenzó a hablarse con cierta insistencia a comienzos del año 2017, se planteó en un principio en las parcelas que posee el Ejecutivo en El Sobradillo, en el distrito Suroeste de Santa Cruz.
De hecho, el anterior consejero del área, José Miguel Barragán (CC), y el exalcalde de la capital, José Manuel Bermúdez (CC), se reunieron con los vecinos de esta zona para explicar los planes del Gobierno. La inversión en ese proyecto rondaba los 140 millones de euros.
No obstante, la presión de la comunidad judicial obligó al anterior Ejecutivo, que sustentaba Coalición Canaria (CC) ya en minoría, a dar marcha atrás y a rescatar la idea de construir las nuevas instalaciones judiciales en Cabo Llanos. En ese proceso, no exento de algunas dificultades derivadas algunas de ellas del planeamiento de Santa Cruz, concluyó la pasada Legislatura.
