El Gobierno canario eliminará del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para 2020 la partida de 9 millones de euros destinada directamente a la "adquisición del edificio de la avenida Tres de Mayo", en Santa Cruz, que ocupa la Consejería de Educación y que pertenece a la empresa Carlacand, cuyo propietario supuestamente es el empresario Antonio Plasencia, condenado por el caso de Las Teresitas.

Se trata de uno de los dos edificios propiedad de dicha entidad sobre los que la Audiencia Provincial, y a petición del Ayuntamiento de la capital, ha ordenado el embargo preventivo como garantía de la deuda de casi 100 millones que deben pagar al Consistorio chicharrero los condenados por Las Teresitas. Y es que la Corporación local sospecha que existe un "entramado societario" para ocultar bienes. El otro inmueble es el que se construyó en Cabo Llanos y que el Cabildo de Tenerife intentó adquirir por unos 30 millones d euros en el anterior mandato para convertirlo en un centro sociosanitario.

En concreto, los grupos políticos que apoyan al Gobierno canario (PSOE, NC, Sí Podemos y NC) han presentado una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020 con el fin de dar de baja a la partida de 9 millones destinada a adquirir "el edificio de Tres de Mayo", dando de alta, a su vez, a una partida de 9 millones dirigida en este caso a un "proyecto nuevo: adquisición, mejora y reforma de edificios administrativos".

Fuentes del Ejecutivo canario explican que lo que se está haciendo es "abrir el abanico para que ese dinero pueda gastarse en otra actuación en el caso de que finalmente no se produzca la compra del citado inmueble, pues aún no hay nada decidido con respecto a la misma, aunque la opción de compra existiese".

Tal y como se recogía en los presupuestos, esa partida de nueve millones solo podía destinarse a la adquisición del edificio que ocupa Educación, como una primera aportación en relación a la opción de compra, de unos 40 millones, existente. Sin embargo, los grupos del cuatripartito consideran que lo mejor es que "se pueda tener más margen en cuanto a su destino".

En definitiva, y según apuntan fuentes del Gobierno, ahora ese presupuesto podrá destinarse o bien a la adquisición del inmueble de Tres de Mayo, "si es que se produce", o a cualquier otra actuación relacionada con el Plan de Alquileres del Ejecutivo canario. "De la otra manera, solo era posible gastar esa partida en el edificio de Educación. Con la enmienda, dicha posibilidad sigue existiendo, pero liberalizamos las posibilidades de actuación", señalan dichas fuentes.

El Gobierno paga a Carlacand por el alquiler de este edificio unos 300.000 euros al mes. Los servicios técnicos del Ejecutivo entienden que podría ser más económico adquirirlo, aunque, "no sería la primera vez que cuando llega la hora de ver cómo está el edificio, deciden que no conviene la compra", añaden dichas fuentes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha indicado que el Gobierno se ha comprometido a no tomar ninguna decisión al respecto sin acordarla antes con la Corporación municipal. Y es que, la Justicia investiga, a petición del Consistorio, si Carlacand forma parte de un "entramado societario" para ocultar bienes de los condenados por la operación de compraventa de la playa de Las Teresitas realizada en 2001, en concreto, de Antonio Plasencia. Entre los condenados también se encuentran el empresario Ignacio González, recientemente fallecido en prisión, y el exalcalde nacionalista Miguel Zerolo.

Mientras se investiga y se dicta la resolución judicial, la Audiencia Provincial ha ordenado el embargo preventivo de estos dos edificios de Carlacand. El Ayuntamiento está convencido de que "esta empresa es Promotora Punta Larga, la cual a su vez es Inversiones Las Teresitas".