04 de diciembre de 2019
04.12.2019

El edificio de Plasencia de Cabo Llanos, 7 años sin pagar impuestos

Uno de los dos inmuebles sobre los que la Justicia ha ordenado una orden de embargo preventivo aparece registrado como solar

03.12.2019 | 22:50
Edificio de Carlacand construido en Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife.

Un edificio fantasma. Así podría calificarse el inmueble que el empresario Antonio Plasencia, condenado por el caso de Las Teresitas, construyó en Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, pues no consta en ningún registro y nunca tuvo ningún uso. Tampoco, y según lo ha confirmado el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento chicharrero, el socialista José Ángel Martín, Carlacand, empresa de la familia de Plasencia que aparece como propietaria de esta construcción, ha pagado impuestos (IBI y basura, entre otros) por el edificio desde que la obra finalizó, en 2012, lo que supone un ahorro de unos 84.000 euros.

Este es uno de los dos inmuebles "propiedad de Plasencia" sobre los que, y a petición del propio Consistorio, la Audiencia Provincial ha dictado una orden de embargo preventivo como garantía del pago de la deuda de casi 100 millones que deben abonar a los chicharreros los condenados por la operación de compraventa de la playa de Las Teresitas llevada a cabo en 2001, entre los que también se encuentran el empresario Antonio Plasencia, fallecido recientemente en la cárcel, y el exalcalde nacionalista Miguel Zerolo. El otro edificio es el que ocupa la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias desde 2005, situado en la avenida Tres de Mayo, y por el que el Ejecutivo paga unos 300.000 euros al mes en concepto de alquiler. En la actualidad, existe una opción de compra por parte de la Comunidad Autónoma sobre el mismo.

El de Cabo Llanos estuvo a punto de ser adquirido por el Cabildo en el anterior mandato para convertirlo en un centro sociosanitario. Sin embargo, en el Registro de la Propiedad, y según lo adelantó Radio Club Tenerife, solo consta como solar, a pesar de que su construcción finalizó en el año 2012.

Según explica el edil de Servicios Públicos, "parece que nunca se llegó a acabar del todo la obra porque no se tenía claro cuál sería su uso final". Por esta razón, no se produjo el registro como obra terminada, sino que aparece como si solo se tratase de un solar. En su momento, Carlacand presentó un recurso alegando que los trabajos no se habían finalizado, el cual fue aceptado, lo que significa que la empresa no estaría obligada a abonar los impuestos correspondientes a los años en los que este inmueble lleva en pie.

El hecho de que Carlacand no registrase nunca este edificio como obra terminada le permitió ahorrarse unos 7.000 euros al año en impuestos municipales, es decir, más de 80.000 euros en siete años.

El Ayuntamiento, ante la sospecha de que existía un "entramado societario para ocultar los bienes de los condenados por el caso de Las Teresitas" y ante la sospecha de que "Carlacand era Promotora Punta Larga y ésta, Inversiones Las Teresitas, empresa de Plasencia e Ignacio a la que el Ayuntamiento compró la playa chicharrera en 2001", acudió al Juzgado solicitando, como medida cautelar, una orden de embargo preventivo sobre los dos edificios, "con el fin de que no se pudiera realizar ningún tipo de movimiento".

La Audiencia Provincial ha aceptado la petición del Consistorio chicharrero y ahora se investigará si se confirman sus sospechas.

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