La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, exigió ayer al Gobierno de Canarias que dé una solución a los vecinos que residen en el bloque de 358 viviendas de protección oficial situado en Añaza, hoy propiedad del Ejecutivo regional, y que se oponen a tener que pagar a la empresa pública Visocan alquileres que superan los 400 euros.

Hernández consideró "evidente" que se trata de una situación que ya habían advertido que podía pasar y que "no respondía a las necesidades de los vecinos", pues "no es posible que paguen más alquiler que el que pagaban a una entidad financiera o a un fondo buitre". También indicó que están en conversaciones con el Ejecutivo, que tendrá que ponerse en "continuo" contacto con Visocan "para solucionar esta situación.