El pleno de Santa Cruz rechazó ayer las mociones presentadas por los grupos municipales de CC y del PP para que el Ayuntamiento instase al Gobierno de Canarias a anular la compra del edificio que tiene alquilado al empresario Antonio Plasencia, condenado por el caso de Las Teresitas. El inmueble, situado en la avenida Tres de Mayo y sobre el que el Juzgado ha ordenado un embargo preventivo como garantía del pago de la deuda de Las Teresitas, a petición del propio Consistorio chicharrero, es la sede de la Consejería de Educación, que le supone al Ejecutivo un gasto mensual, por alquiler, de 300.000 euros al mes.
En la actualidad, existe una opción de compra por parte de la Comunidad Autónoma, para la que en los presupuestos de 2020 hay una partida incluida de 9 millones de euros. El edificio se vende por unos 40 millones. CC y PP pidieron ayer en el pleno que el Gobierno canario destine esos nueve millones a otras inversiones en Santa Cruz, como la rehabilitación del Balneario, la carretera Ofra-El Chorrillo, o para la redacción del proyecto constructivo de la futura Ciudad de la Justicia.
Las mociones relacionadas con este asunto fueron rechazadas por el PSOE, Ciudadanos y Podemos. La alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, quiso dejar claro que tiene el compromiso del Gobierno de Canarias de que cualquier operación que se vaya a realizar con respecto al citado edificio "será pactada previamente con el Ayuntamiento", pues existe una orden judicial de embargo preventivo. El Ejecutivo ha pagado por este edificio en 14 años, por su alquiler, unos 50,4 millones, diez más de lo que cuesta su compra.
