El Juzgado ordena diligencias para embargar a las empresas Carlacand y Puntalarga, propiedad de Antonio Plasencia, uno de los empresario condenados por el caso Las Teresitas. Así lo anuncia la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, quien asegura que "el Juzgado ha admitido la petición de embargo que realizó el Consistorio chicharrero sobre los edificios de uno de los condenados" por la operación de compraventa de los terrenos del frente de playa.

La regidor chicharrera explica que se ha conseguido demostrar que dichos edificios -entre los que se encuentran los inmuebles que ahora ocupan las consejerías de Educación y de Hacienda del Gobierno de Canarias, así como otro edificio en Cabo Llanos- pertenecen a Plasencia y a Inversiones Teresitas, la empresa que se creó para comprar dichos terreros.

Hernández también afirma que se creó un entramado societario para evitar devolver el dinero al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y culpó al anterior equipo de Gobierno de esta situación.

Este periódico publicaba a finales de este pasado mes de junio la instrucción dictada por la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, para recuperar el dinero de Las Teresitas. Dicho oficio ordenaba a "todo el personal adscrito a la Asesoría Jurídica Municipal" que dé los pasos necesarios para recuperar el dinero público "malversado" en la operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, cantidad que supera los 62 millones de euros.

Pocos días después de ser proclamada alcaldesa de la capital, Hernández aseguró, en declaraciones a El Día, que entre las primeras acciones que iba a impulsar se encontraba la recuperación del dinero de Las Teresitas. Y así ha sido. La regidora ha dictado recientemente esta instrucción, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que deja claro que "es absolutamente prioritario" para el nuevo equipo de Gobierno (PSOE-Cs) "obtener a la mayor brevedad posible la restitución del dinero malversado en la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas", operación por la que el exalcalde Miguel Zerolo, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, así como otros responsables políticos y técnicos municipales, han sido condenados a pena de cárcel.

En el oficio, Patricia Hernández ordena a los servicios jurídicos municipales, "con el fin de poder adoptar las medidas que resulten precisas para lograr el necesario impulso de la ejecución de la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 20 de abril de 2017", que se remita "a la mayor diligencia posible al Gabinete de Alcaldía copia completa, en formato digital, del PA (procedimiento abreviado) 19/2016 y del rollo del recurso de casación".

Asimismo, la alcaldesa solicita a la Asesoría Jurídica Municipal que, "con la misma diligencia y urgencia, remita copia completa de las distintas piezas separadas de responsabilidad civil de la ejecutoria penal de la sentencia de la Audiencia Provincial 19/04/2017, correspondientes a cada uno de los condenados".