El concejal del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz Carlos Tarife rechaza que el Gobierno de Canarias destine nueve millones de euros en el presupuesto del año próximo a la compra de un edificio de la avenida Tres de Mayo y pide que reinvierta ese dinero en otros asuntos de interés para la capital tinerfeña.
En una moción que defenderá en el próximo pleno municipal, el exedil de Urbanismo reclama que el Ayuntamiento inste al Ejecutivo regional a eliminar esa partida y a que destine esos recursos a temas como la redacción del proyecto de las nuevas dependencias regionales en La Gallega, al estudio de expropiaciones y redacción del proyecto de la vía de cornisa o a reparaciones en el centro de salud Ruiz de Padrón.
En la exposición de motivos de la moción, Tarife pide también que el Ejecutivo canario "aclare" qué edificio de la avenida Tres de Mayo es el que pretende comprar: si el que ocupa actualmente la Consejería de Educación, propiedad de Carlacand S.L., empresa familiar vinculada a Antonio Plasencia, condenado por el caso Las Teresitas, o en el que tiene su sede la Agencia Tributaria Canaria.
Cabe recordar que al final del pasado mandato el Cabildo de Tenerife, en el que cogobernaban CC y PSOE, pretendió adquirir otro edificio que pertenece al citado empresario tinerfeño, pero finalmente se vio obligado a dar marcha atrás ante la presión política -incluso de parte del PSOE- y social.
"No queremos desde el PP abrir debates del pasado chicharrero, pero sí reflexionar sobre la política de sedes del Gobierno de Canarias, ocupando todo el litoral de la ciudad y parte de la avenida Tres de Mayo", recalca el concejal del PP.
El edil añade que dichas ubicaciones tenían sentido cuando se trabajaba 100% en papel, pero con la llegada de la Administración electrónica "no tiene ningún sentido que el Gobierno de Canarias siga ocupando gran parte del frente litoral chicharrero".
Es por ello que, tal y como ha hecho Santa Cruz de Tenerife abriendo sedes municipales en La Granja o en Ofra (tanto el IMAS como dependencias municipales en Ofra, con oficinas de atención al público), "creemos que el Ejecutivo regional debe colaborar en hacer ciudad también en los barrios y, por lo tanto, ir paulatinamente desplazando algunas de sus consejerías hacia los distintos distritos de la ciudad".
Por ejemplo, aclara que "el propio Gobierno tiene varios terrenos en la zona de La Gallega, El Sobradillo, donde podría empezar a proyectar futuras dependencias de otras consejerías".
Por lo tanto, añade el edil, "lo que pretendemos es anular la actual propuesta planteando alternativas a esa inversión de 9 millones de euros, aplazando dicha compra, entre otras cosas porque desde el PP entendemos que debe existir un modelo distinto de distribución de sedes del Ejecutivo que, entre otras cosas, mejore el tráfico de la ciudad".
