El secretario del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz dio fe de la "escrupulosa legalidad del procedimiento" de contratación de la actuación del cantante dominicano Juan Luis Guerra y del grupo Orishas en los pasados Carnavales de Santa Cruz de Tenerife, llevado a cabo por el anterior grupo de Gobierno, formado por CC y por el PP. Así lo manifestó ayer el portavoz del grupo municipal de CC, Juan José Martínez, ahora en la oposición, durante una Comisión de Control y después de tener acceso al expediente completo. Este recordó que también, y según ya adelantó El DÍA, el procedimiento contó con los informes favorables de la Intervención.

Coalición Canaria ha culpado al actual equipo de Gobierno, formado por el Partido Socialista y por Ciudadanos, y a Unidas Podemos, "el grupo muletilla", de protagonizar "una cacería política" contra los nacionalistas. Asimismo, el edil de CC Juan José Martínez denunció que el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, "cuestione la profesionalidad de los funcionarios que visaron y aprobaron el expediente del concierto de Juan Luis Guerra".

Sin embargo, Unidas Podemos, lejos de atender a las explicaciones dadas por el anterior grupo de Gobierno, anunció ayer que finalmente llevará este asunto ante la Fiscalía, porque, dijo, "se trata de un caso de presunta corrupción".

Ramón Trujillo considera que se cometieron numerosas irregularidades en esta contratación, "pues existen dudas sobre la exclusividad y solvencia económica de la persona con la que finalmente se firmó el acuerdo para traer a Juan Luis Guerra". "Tampoco se ha justificado un sobreprecio de 88.000 euros, por lo que el concierto acabó costando medio millón de euros, ni las facturas de aviones y demás gastos por las que se abonó el primer pago de 250.000 euros", indicó. Ante tal anuncio CC pidió a Trujillo que se comprometiese a dimitir, "por dignidad política", en el caso de que la Fiscalía no admita a trámite la denuncia.

El Partido Popular calificó de "patéticas las formas" utilizadas en este asunto por Unidas Podemos, "pues parece que lo que querían es salir en la portada de un determinado medio, como así ocurrió". "También creemos que fue alguien del actual grupo de Gobierno quien les animó a hacer pupa y a buscar en los cajones del anterior", señaló el concejal del PP Guillermo Díaz Guerra. Este no entiende que ahora se insista "en unas dudas que en su momento no vieron los funcionarios, aunque si finalmente se confirman lo que dicen, pues también les acompañaremos al Juzgado".

Por su parte, el actual grupo de Gobierno indicó que esperará a que se concluya el expediente de información reservada incoado por la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, para el cual ya se ha nombrado a su instructor, Francisco Clavijo, oficial mayor del Ayuntamiento.

Aún así, el concejal de Fiestas, el socialista Andrés Martín, apuntó que "según lo que hemos visto, el contrato se hizo a medida y se adjudicó a un desconocido, al que se le pagaron 60.000 euros por actuar como intermediario". Asimismo, Andrés Martín manifestó que "las actitudes que estoy viendo por parte de CC me recuerdan a las que se mostraron cuando el pelotazo de la playa de Las Teresitas, el mamotreto o el Instituto García Cabrera".