La alcaldesa de Santa Cruz, la socialista Patricia Hernández, dictó el pasado jueves un decreto ordenando la incoación de un expediente de información reservada en relación a la contratación de los conciertos que Juan Luis Guerra y Orishas ofrecieron los pasados Carnavales, con el fin de averiguar si realmente se cometieron irregularidades en el procedimiento, tal y como se ha apuntado desde algunos medios de comunicación. Será a partir de hoy, una vez que se designe al instructor del expediente por parte del área de Recursos Humanos, que será un funcionario del Ayuntamiento con habilitación de carácter nacional, cuando comiencen los trabajos de análisis del citado contrato.

La regidora socialista aclaró ayer que ni se ha creado ni se ha puesto en marcha una "comisión de investigación", términos utilizados en algunos medios. Explicó que lo que se ha hecho es "ordenar la incoación de un expediente de información reservada", un procedimiento administrativo con el que cuenta la administración para "esclarecer actuaciones practicadas".

Patricia Hernández apuntó que tomó la decisión de dictar este decreto a raíz de "determinadas informaciones aparecidas en los últimos días en medios de comunicación locales, relativas a supuestas irregularidades en la contratación tramitada por el Organismo Autónomo de Fiestas referida" a los conciertos celebrados por el cantante Juan Luis Guerra y por el grupo Orishas en los Carnavales de 2019. Dicho contrato se formalizó en el anterior mandato, con Coalición Canaria y el Partido Popular en el grupo de Gobierno. Los conciertos de Juan Luis Guerra y Orishas costaron 501.000 euros.

Con este expediente de información reservada, y según explicó la alcaldesa socialista, "se determinará la existencia o no de irregularidades y se propondrá, si así se estima, la adopción de las medidas pertinentes". "Estamos hablando de una especie de fase de instrucción, durante la cual se analizarán todos los documentos relacionados con la contratación de Juan Luis Guerra y se recopilarán las pruebas pertinentes. El tiempo que dure este proceso será marcado por el funcionario designado al respecto. Al final sabremos si se hizo bien o si se hizo mal y, en el caso de que sea esto último, se exigirán las responsabilidades políticas oportunas. Son varias las preguntas que deben responderse, como si realmente había dos pliegos o por qué hay cuantías diferentes", manifestó ayer la regidora chicharrera.

El grupo municipal de Coalición Canaria, que ya la semana pasada envió un comunicado para defender que todo el procedimiento de contratación estuvo avalado por el interventor municipal y que se ajustó a la legalidad, presentó ayer un escrito en el Ayuntamiento, dirigido a la Alcaldía, solicitando la apertura, precisamente, de un procedimiento administrativo para aclarar todas las actuaciones. Asimismo, CC, a través de la exedil de Fiestas, la nacionalista Gladis de León, exige que se ponga fin a las "acusaciones veladas".

"Reclamamos la absoluta aclaración de la legalidad del concierto y que cesen las especulaciones y juicios paralelos por parte de algunos miembros del actual equipo del Gobierno municipal (PSOE-Cs)", ha indicado De León.

Esta ha vuelto a solicitar el expediente de la contratación de Juan Luis Guerra y Orishas, "al no hallarse en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, como exige la ley". Señala a la Alcaldía que "la imposibilidad de acceso a este expediente, del que sin embargo sí disponen de copia varios medios de comunicación, viene causando una clara indefensión del grupo político que represento, así como de las personas interesadas en el mismo, ante la gravedad de las acusaciones que se están vertiendo".