Finalmente el desalojo de Conchi Rodríguez y su hija de 15 años se suspendió por la falta de claridad en la cesión de la titularidad del edificio. Se trata de un alzamiento judicial, otra historia más que se produce en el edificio Alejandro de la calle Juan Rodríguez Santos, en Ofra, y que llega a ser casi tan cotidiana que la atmósfera ayer en la calle era distinta, algo más próxima a un desahucio silencioso, sin gente en la calle solidarizándose con los afectados, tal y como ha ocurrido en las otras ocasiones. Solo los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía y los cerrajeros y operarios de limpieza. Nadie más.

A todo eso se enfrentaba Conchi, que ya había advertido a su hija por la mañana de lo que iba a ocurrir: "Nos van a desalojar".

¿Y qué le puede decir una madre a una hija ante una situación tan angustiosa? Una pregunta con una respuesta complicada, pero resuelta de una manera muy directa: "Mamá siempre lo resuelve todo. Confía en mí", le dijo Conchi para que finalmente se fuera el instituto tranquila e impedir que no fuera testigo de lo que muchos vecinos y simpatizantes pensaban que iba a ocurrir.

En medio, lágrimas disimuladas, algún que otro abrazo para minimizar la magnitud del problema. Horas después y con la orden de desalojo suspendida respiró algo más, aunque sigue siendo consciente de que el problema no acabó ahí porque si bien se paró, se abre un nuevo plazo para que la propiedad del inmueble intente ejercer sus derechos nuevamente... Si alguien no lo remedia antes.

Esa paralización del desalojo se produjo después de una hora y veinte minutos en los que el teléfono de la concejala del IMAS y Vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz, Marta Arocha, echara humo en el intento de encontrar una solución alternativa al desalojo junto a los técnicos del área.

Fue un tiempo de máxima tensión mientras que los funcionarios del Juzgado se mantenían a la espera de órdenes en un sentido u otro.

Finalmente a las 11:25 horas, los representantes del Juzgado comunicaban a la Policía Nacional la suspensión y facilitaban información sobre la orden dada. Tras la resolución del papeleo, la corrección de un "buenos días" a los presentes terminaba con el dispositivo desplegado a las puertas del edificio.

Una cesión de crédito de la propiedad a una entidad denominada por los presentes como un fondo buitre permitía paralizar el desalojo, un asunto que fue confirmado poco después por Arocha a la salida, que señalaba que se ha suspendido porque "no está clara la titularidad del edificio".

"Este gobierno no puede apoyar las ocupaciones irregulares, aunque en este caso hemos logrado tener a Conchi y a su hija en la vivienda porque no está clara la titularidad del edificio" y gracias a eso "logramos paralizar el desalojo en el Juzgado", dijo recordando los esfuerzos del Ayuntamiento en el desarrollo de un plan de viviendas sociales durante los próximos cuatro años.

En el interior del edificio Conchi estaba más tranquila, contaba sus peripecias de los últimos años, los problemas de su situación y de las personas que se encuentran en la misma tesitura hasta que las lágrimas acabaron con sus palabras.