La recuperación de los terrenos de la Refinería, anunciada en el anterior mandato, con CC y PP al frente, también es una prioridad para el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por el PSOE y por los dos exediles de Ciudadanos, aunque ha reconocido que se trata de un proyecto de gran complejidad para el que "solo había una declaración de intenciones". Así lo apuntó, durante la Comisión de Control celebrada ayer, el concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, quien indicó que en la actualidad se está tramitando casi una decena de expedientes al respecto en el Gobierno central y en la Comunidad Autónoma, aunque aún ninguno se ha cerrado. Eso sí, y según lo ha manifestado el edil de Urbanismo, Juan Ramón Lazcano, el Ejecutivo canario prevé que los trabajos de descontaminación del suelo se inicien en abril de 2020.

En respuesta a una pregunta formulada por Unidas Podemos, el concejal de Urbanismo explicó que Cepsa ya ha presentado varios expedientes de descontaminación, que "están siendo tramitados por el Gobierno de Canarias". El más avanzado, señaló, es el correspondiente a los terrenos en los que se ubica el Castillo Negro y sus inmediaciones. El tratamiento propuesto por la compañía consiste en la instalación de una red de tuberías que lleguen hasta el lugar del subsuelo donde se encuentran acumuladas las bolsas de hidrocarburos, las cuales serán impulsadas y extraídas con un sistema de bombeo, y transportadas a un gestor autorizado.

En concreto, el tratamiento de los terrenos sobre los que se sitúa la Refinería de Cepsa en Santa Cruz es objeto de dos procedimientos diferentes. Los tratamientos de descontaminación forman parte de un expediente gestionado por la Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial, mientras que el destinado a asegurar el almacenaje energético está siendo llevado a cabo por el Ministerio de Industria.

Con respecto al papel que le corresponde al Ayuntamiento en este asunto, y a raíz de una comparecencia solicitada por el exalcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, el concejal de Urbanismo anunció que se está trabajando en la formalización de un convenio con Cepsa para darle seguridad jurídica a la recuperación de los terrenos, pues "solo contábamos con una declaración de intenciones".

Asimismo, Lazcano añadió que desde la Gerencia de Urbanismo se está trabajando también "en definir qué desarrollo se va a llevar a cabo en los citados terrenos para que este se produzca de la manera más ordenada posible y en beneficio de la ciudad". Indicó que el equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO) está estudiando la ordenación adecuada para este suelo.

En este sentido, y ante la preocupación manifestada por Podemos en la Comisión de Control con respecto a los beneficios que puede obtener Cepsa de esta operación, el edil de Servicios Públicos comentó que el actual grupo de Gobierno defenderá la condición de suelo urbano no consolidado que se estableció en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2013, al contrario de lo que se indica en el acuerdo firmado en el anterior mandato entre el Consistorio y Cepsa, motivo por el que el PSOE llevó dicho documento ante la Justicia, procedimiento que aún sigue en marcha.

"No daremos la edificabilidad y el aprovechamiento del suelo urbano consolidado porque Cepsa saldría ganando en esta operación, en lugar de la ciudad", señaló José Ángel Martín. El concejal de Servicios Públicos también alertó de que "ya tenemos conocimiento de que la familia Barrios, antigua propietaria de los terrenos de la Refinería, reclamará ante el Juzgado el derecho de reversión del suelo expropiado, para intentar también conseguir parte del pastel".