El caso de María Dolores Rosales, una vecina de Santa Cruz de Tenerife de 91 años que se enfrenta a un desahucio, ha puesto en alerta al Diputado del Común, Rafael Yanes, que ha mostrado su preocupación por la situación en la que quedaría esta ciudadana en el supuesto de que finalmente sea desalojada de la que ha sido su casa desde que tenía ocho años, situada en la calle de Candelaria.

El Diputado del Común, tras tener conocimiento de este caso a través del periódico EL DÍA, insta a la familia de Dolores, pues ella apenas puede moverse y ha perdido bastante audición, a presentar una queja en las instalaciones situadas en el número 25 de la calle Robayna, con el fin de poder abrir una investigación de oficio y mediar con el Ayuntamiento de Santa Cruz para lograr encontrar una solución a la situación de esta vecina si finalmente se produce el desahucio.

Y es que el próximo 11 de noviembre, Dolores Rosales podría verse obligada a dejar la que siempre ha sido su casa y de la que "no quiere irse por nada del mundo", según cuenta, entre lágrimas, su hija, Mariela Báez. "La hemos intentando convencer de marcharnos a otro lugar, aunque los precios de los alquileres están tan elevados que no sé a dónde podríamos llevarla. Pero no hay manera, no quiere irse de allí. Está muy triste y preocupada", cuenta su hija.

El alquiler que abonaba Dolores por esta vivienda de la calle Candelaria fue durante décadas de renta antigua. El inmueble fue adquirido por un grupo inversor que le actualizó la renta, reclamándole primero los diez últimos años de alquiler y después los cinco últimos. Pero también se le exige, según indica Báez, una deuda en concepto de la tasa de la basura y del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Además, los actuales propietarios señalan que la vivienda no está en condiciones para estar habitada.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se indica que la familia no se ha puesto en contacto ni con el área de Servicios Sociales ni con la Concejalía de Vivienda, aunque la hija de Dolores señala que ya ha presentado la solicitud para distintas ayudas. De todas formas, y según fuentes municipales, "el Consistorio no puede impedir un desahucio de una vivienda cuyas condiciones suponen un riesgo para las personas que habitan en ella".

La hija de Dolores asegura que su madre ya ha pagado los cinco años de alquiler actualizado que le reclaman los nuevos propietarios, "en la cuenta que ellos facilitaron, aunque estos dicen que no". Con respecto a la deuda de la basura y del IBI, "en ningún momento nos han dicho la cantidad que realmente debe mi madre, pues ella no ocupa toda la casa, sino solo la parte superior". Mariela Báez admite que la vivienda se encuentra en malas condiciones, "pues los propietarios no han realizado en estos años ninguna actuación al respecto".

La hija de Dolores ya no sabe cómo ayudar a su madre, cómo resolver esta situación, cómo convencerla de que se vaya de allí. "En esta casa ha pasado toda su vida. Aquí están sus recuerdos, sus cosas. No entiende que ahora tenga que irse a otro sitio", indica Báez. Y ella, Dolores, nunca imaginó que a sus 91 años tuviera que enfrentarse a un aviso de desalojo del que siempre ha sido su hogar.