La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer, de manera definitiva, el estudio de viabilidad económico-financiero del servicio de recogida de ropa y calzado en el municipio chicharrero, con el fin de licitar su adjudicación en 2020, pues la actual concesión está a punto de finalizar. Según este estudio, la capital deberá contar con un contenedor por cada 1.468 habitantes, lo que supone un total de 140, con el fin "de acercar el contenedor de textil a la ciudadanía".
En la actualidad, el Consistorio chicharrero dispone de una cantidad total de 95 depósitos para ropa usada y calzado, por lo que el nuevo proveedor del servicio deberá aportar un total máximo de 45 contenedores nuevos. Según los datos de los que dispone el Ayuntamiento capitalino, en Santa Cruz de Tenerife se recogen al año para reciclar una media de 344.824 kilos de ropa y calzado.
El adjudicatario del servicio recibirá como beneficio por el servicio prestado en la capital el residuo en sí para su gestión. "El mercado de la ropa de segunda mano tiene precios muy variables en base a las calidades de dicha ropa. Para conocer el valor del mercado aproximado del material que se recoge, se ha consultado a operadores del servicio en Canarias (Martínez Cano y Ataretaco), se han estudiado las iniciativas privadas de recogida de ropa (H&M y Zara), y se ha tenido en cuenta el histórico del servicio, en el que el actual operador realiza un ingreso al Ayuntamiento de 0,147 euros por kilo de material recogido", según se indica en el estudio.
Se estima que de la cantidad total recogida en Santa Cruz de Tenerife, y después de la selección ligera, un 5% del material será rechazado. En este sentido, si se toma por referencia el promedio de recogida del histórico de los datos municipales, se obtiene un ingreso anual de 114.654 euros al año. El precio estimado por kilo de ropa es de uno 0,35 euros.
Con este estudio "queda patente que, dado que los ingresos proceden, única y exclusivamente, de la venta de la cantidad de residuos textiles que deposite la ciudadanía en los contenedores ubicados en la vía pública, se transfiere todo el riesgo de la gestión al concesionario". Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá que abonar un canon anual al Ayuntamiento capitalino, que rondará entre los 8.000 y los 11.500 euros.
El contrato se establecerá por un periodo de cinco años y se le exigirá al adjudicatario que disponga de, al menos, un vehículo para poder llevar a cabo la recogida de contenedores.
En el estudio de viabilidad económica aprobado por la Junta de Gobierno también se establece que, "debido a la existencia o escasez de plantas de procesamiento y revalorización de este residuo en Canarias, se opta por su traslado a Península para su tratamiento".
