La Fiscalía ha solicitado la suspensión cautelar de la expulsión de Ciudadanos (Cs) de los ediles de la capital Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, porque "se han vulnerado derechos fundamentales". En las vistas celebradas ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, el Ministerio Público se ha adherido a la petición de medidas cautelares realizada por ambos concejales en las demandas que han interpuesto contra Ciudadanos por expulsarlos del partido, después de que estos apoyasen la investidura de la socialista Patricia Hernández como alcaldesa del municipio chicharrero.
En concreto, el fiscal Miguel Ángel Martín alegó, apoyando la causa de Lazcano y Zambudio contra Ciudadanos, que se ha vulnerado el derecho de defensa de los ediles en el procedimiento del expediente disciplinario llevado a cabo por la formación naranja. Y en cuanto "al fondo del asunto", manifestó que "hubo una confusión enorme en la estrategia llevada a cabo por este partido" en relación a la constitución del Ayuntamiento chicharrero. La decisión de la jueza María Gabriela Reverón González sobre si se admite o no la suspensión cautelar de la expulsión, hasta que se dicte la sentencia definitiva sobre las demandas presentadas contra Cs por Zambudio y Lazcano, se conocerá en unas dos semanas.
Tanto Matilde Zambudio, concejal de Promoción Económica, Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico en el Consistorio chicharrero, como Juan Ramón Lazcano, edil de Urbanismo e Infraestructuras, no pudieron ocultar su satisfacción ante la adhesión de la Fiscalía a su petición de medida cautelar de suspensión de la expulsión de Cs. "Ahora nos queda esperar por la resolución de la jueza, pero estamos muy contentos porque el fiscal considera, igual que nosotros, que se han vulnerado derechos fundamentales, tanto en relación a cómo se llevó a cabo el procedimiento interno de la expulsión, pues han incumplido su propio reglamento, como con respecto al fondo del asunto", indicó Zambudio.
En este sentido, añadió la edil, el Ministerio Público ha "corroborado lo que yo llevo repitiendo desde el pasado 15 de junio, que las negociaciones del partido fueron caóticas". Matilde Zambudio indicó que, en el caso de que finalmente se admitan las medidas cautelares y, por lo tanto, se suspenda a expulsión, tanto ella como Lazcano seguirán siendo ediles de Ciudadanos y se tendrá que esperar a que se celebre el correspondiente juicio y se conozca la sentencia definitiva en relación a la denuncia presentada contra el partido. "Creemos que dicho juicio podría celebrarse en enero o febrero de 2020", manifestó.
El pasado 15 de junio, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano apoyaron, como ediles de Ciudadanos, la investidura de Patricia Hernández (PSOE) como alcaldesa de Santa Cruz, pasando a formar parte del grupo de Gobierno. La formación naranja les abrió un expediente disciplinario, que ha finalizado en expulsión, alegando que habían incumplido las directrices del partido, que consistían en que se votasen a sí mismos. Sin embargo, tanto Lazcano como Zambudio han defendido siempre que sí cumplieron con las directrices de Ciudadanos y por ello iniciaron una batalla judicial, que ayer vivió su primer combate con las celebración de las vistas, que se realizaron por separado, en relación a la solicitud de suspensión cautelar de la expulsión.
La abogada de Zambudio y Lazcano, Sandra Rodríguez, apuntó ayer, durante la celebración de los juicios para las medidas cautelares, que Cs ha "violado derechos fundamentales de mis representados durante el proceso de expediente disciplinario y de expulsión que se llevó a cabo, incumpliendo sus propios reglamentos". Está indicó que no se conocen los órganos que aprobaron las resoluciones, ni las personas que lo componían, ni si se hizo por mayoría; pero es que "tampoco se les dejó presentar alegaciones a unas pruebas aportadas con posterioridad por Ciudadanos, con un informe de Teresa Berástegui (secretaria de Acción Institucional de Cs en Canarias), cuando el procedimiento estaba en marcha".
Sobre las supuestas directrices del partido en relación a la constitución del Ayuntamiento de Santa Cruz y a los posibles pactos, la abogada de los ediles explicó que "solo hubo un mensaje genérico a través de un grupo de WhatsApp y nunca se comunicó una directriz directa con la que se les prohibiera apoyar a la alcaldesa socialista". Dicho mensaje decía que "se deberá votar a nuestro candidato a excepción de que exista un pacto firmado". Sin embargo, en el informe que se elaboró posteriormente se habló de una llamada entre Zambudio y Berástegui, que la primera niega.
La defensa de Zambudio y Lazcano entregó ayer a la jueza como nueva prueba el informe elaborado por el secretario del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, con el que los dos concejales pasarían a "no adscritos" y dejarían de cobrar su sueldo. "Esto violaría el derecho a la participación política, porque se tendrían que buscar otro trabajo para poder vivir, pues, por ejemplo, Lazcano tiene tres hijos, lo que supondría que no podrían desempeñar sus trabajos en igualdad de condiciones que los demás ediles", agregó la letrada.
Por su parte, el abogado de Ciudadanos, Pablo Piñeiro, defendió el expediente disciplinario llevado a cabo por el partido y quiso dejar claro que "no existe ningún documento de pacto firmado ni autorizado por Ciudadanos", por lo que estos concejales "cometieron una infracción muy grave al apoyar al PSOE". Asimismo, alertó del "daño irreparable" que se le está causando a Ciudadanos, tanto con respecto a su imagen como "económico".
En relación a que los ediles se queden sin sueldo, el letrado de Cs señaló que "este hecho no está ligado al derecho de participación política" y dijo que "debe reclamarse por la vía administrativa".
