Hoy tendrá lugar, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las diez de la mañana, el juicio en el que se decidirá si se suspende o no el procedimiento de expulsión del partido de Ciudadanos (Cs) de los concejales del Ayuntamiento de la capital Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano. El primer señalamiento se realizó el 27 de septiembre, pero el juicio no pudo llevarse a cabo por "cuestiones técnicas". Zambudio ha señalado en varias ocasiones que, pase lo que pase, no abandonará el Consistorio chicharrero.

Este procedimiento judicial se inicia a raíz de que tanto Matilde Zambudio, edil de Promoción Económica, Turismo Cultura y Patrimonio Histórico, y responsable de la Sociedad de Desarrollo, como Juan Ramón Lazcano, concejal de Urbanismo e Infraestructuras, presentasen una demanda contra Ciudadanos por expulsarlos del partido. Lazcano y Zambudio entienden que el expediente disciplinario incoado y resuelto por Cs, debido a que estos votaron a favor de la investidura de la socialista Patricia Hernández como alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, vulnera sus derechos fundamentales.

La responsable de Comunicación de Ciudadanos, Vidina Espino, explicó en su momento que tanto Lazcano como Zambudio habían votado a Hernández en el pleno de investidura en contra de las directrices del partido, hablando, incluso, de "tamayazo". Señaló que estos tenían que haberse votado a sí mismos. Sin embargo, los ediles expulsados de Cs indicaron que, durante toda la campaña, el partido había defendido un cambio de rumbo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, tras 30 años de gobierno nacionalista. Alegaron contar con las pruebas suficientes como para defenderse contra cualquier posibilidad de expulsión, aunque, finalmente, sus alegaciones no fueron aceptadas.

En concreto, en la demanda que presentaron Zambudio y Lazcano se establece que la Comisión de Garantías de Ciudadanos no cumplió con los estatutos del partido con respecto a los expedientes de expulsión, lo que supone la vulneración de los artículos 6 y 22 de la Constitución española. Los concejales expulsados de Cs reclaman al juez que se declare nula la expulsión y que sea el partido el que pague las costas derivadas del proceso judicial.

En cuanto a su situación en el Ayuntamiento, será en el próximo pleno cuando se trate el expediente que los convertirá en ediles no adscritos. El secretario del pleno ha emitido un informe en el que se establece que no tendrán derecho a cobrar un sueldo.