El exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz Carlos Tarife quiere que el Ayuntamiento de la capital muestre a su apoyo al Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales, una norma que pretende "reforzar" la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística.
En una moción que defenderá en el próximo pleno de Santa Cruz, el edil del PP pedirá que el Consistorio inste, por un lado, al Congreso para que comience "en el menor tiempo posible" la tramitación de esta norma, y, por otro, a la Federación Canaria de Municipios para que dé su apoyo a esta iniciativa.
En esencia, este anteproyecto de ley pretende que la anulación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística no sea absoluta cuando así lo determinen los tribunales, sino que las sentencias que se dicten contra planes deberán distinguir entre los supuestos de nulidad y los de anulabilidad, en los que será posible la "convalidación" y la "retroacción" de actuaciones para la subsanación del vicio determinante de la anulación.
Este diferencia permitiría salvar la mayoría de las actuaciones, conservando actos, convalidando aquellos que se puedan subsanar y, sobre todo, impediría que la nulidad de las normas implique la nulidad de los instrumentos con los que se aprueban aquellas e incluso de los actos de aplicación.
El edil recuerda que en la actualidad hay en España alrededor de 15 millones de personas que viven en ciudades con el planeamiento anulado o pendiente de anulación.
