"La situación en Santa Cruz es vergonzosa". Así calificó ayer la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife (CAF), Carmen Suárez, la situación de los edificios de la capital, cuya obligación de pasar una inspección técnica ha quedado fijada ahora por la Ley de Suelo a partir de los 80 años de antigüedad, la primera vez, y a los 20 posteriores, la segunda.
"Ahora se está viendo, otra vez, movimiento en mantenimiento y bastantes empresas trabajando, pero aún así hay zonas muy deterioradas en las que da miedo pasar por las aceras", reconoció Suárez.
La presidenta del CAF sostuvo que desde el Colegio "intentamos inculcar y concienciar a nuestros clientes sobre el deber de mantenimiento y conservación, que sí está estipulado en las ordenanzas de los ayuntamientos, pero no podemos obligar".
Recordó Carmen Suárez que ya "batallaron bastante" cuando las inspecciones estaban fijadas en los 50 años para tratar de rebajarlas a los 30. "Pero salió la Ley del Suelo a 80 y nadie quiere moverse de ahí", dijo.
En esta línea, detalló que desde el Colegio han defendido que las inspecciones a edificios se realicen a los 25 años, "y luego ir bajando hasta los 15". "La obligación por el seguro para el contratista es a los diez años. Por tanto, se dejaría un tiempo más y luego que sean los propietarios los que tengan ese deber de mantenimiento y conservación", añadió Carmen Suárez, quien destacó la "importancia" de que se empiece "cuanto antes" con el mantenimiento del inmueble.
Este será el planteamiento que harán desde el CAF en una reunión que mantendrá próximamente con el nuevo equipo de gobierno de Santa Cruz.
En esta línea, el presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife (Coactfe), Argeo Semán, también planteó que la inspección de edificios se inicie a partir de los diez años, una vez que venza el plazo de garantía para los elementos estructurales. "Ese nos parece un dato objetivo porque ha pasado el tiempo suficiente para si hay algún problema pueda ser detectado", comentó.
Coste económico
No obstante, subrayó que el gran problema de la ITE es el coste económico que supone para los propietarios, por lo que recalcó que tiene que ser una medida "impuesta". "Si no, la mayoría de la gente no la quiere hacer", incidió Semán.
"Lo que está ahora mismo en la legislación canaria es una barbaridad. Vas a ver el edificio dos veces en cien años", sostuvo Semán, quien insistió en que lo recomendable es hacer las revisiones "con la mayor frecuencia" para que los daños que se tengan que corregir sean los menos posibles.
Sobre la posibilidad de que Santa Cruz pueda aprobar un plazo para la ITE inferior a la Ley del Suelo, el presidente del Coactfe hizo mención a una sentencia del Tribunal Constitucional que fijó que las cuestiones relativas a las inspecciones técnicas de edificios corresponderían a la legislación autonómica, y que serían las ordenanzas municipales las que terminarían de desarrollarla. "Nosotros defendemos que debería ser la ley autonómica, a través de un reglamento o un decreto, la que estableciera para toda Canarias cuáles son los criterios mínimos para la ITE y bajar el tiempo máximo", aseveró.
Al respecto, el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Juan Ramón Lazcano, comentó hace unos días en la Cadena Ser que "coincide" en que hay que reformar la normativa y adelanta que iniciará una ronda de contactos con los distintos agentes sociales para ello. "Estudiaremos todas las propuestas porque los nuevos informes que hay que realizar sobre la evaluación de edificios, además de los que contemplaban las ITE, deberán contemplar el estado de conservación y la eficiencia energética", apuntó.
La última información que había al respecto la ofreció el anterior concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, que el pasado mes de marzo descartó elaborar una nueva ordenanza de la inspección técnica de edificios (ITE), tal y como se había anunciado en febrero del año pasado, tras la entrada en vigor de la Ley del Suelo.
Tarife indicó que, a pesar de que esta fue una idea en la que se comenzó a trabajar en 2018, tras las reuniones mantenidas con los distintos colegios profesionales se llegó a la conclusión de que no había necesidad de hacer una ordenanza de la ITE, sobre todo por los plazos que establece la Ley de Suelo.
Es más, dijo que no tenía que ser una prioridad para el Ayuntamiento, pues era suficiente con las ayudas que ofrece el área de Infraestructuras, con las que posibilita el Cabildo para edificaciones en conjuntos históricos y haciendo disciplina urbanística.
