Matide Zambudio y Juan Ramón Lazcano, los dos concejales expulsados por Ciudadanos en Santa Cruz, aseguraron ayer que no van a renunciar ni al cargo ni a sus actas, logradas el pasado 26 de mayo, y advirtieron de que si finalmente son considerados como concejales no adscritos, recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Municipios de Canarias, norma que ampara este cambio en su condición de ediles.
En una comparecencia ante los medios, un día después de que Ciudadanos ratificara su expulsión definitiva del partido por apoyar a Patricia Hernández (PSOE) como alcaldesa de la capital tinerfeña, con la pérdida de sus derechos políticos y económicos, Zambudio recalcó que renunciar ahora sería "achantarse" a una medida de presión que tiene una finalidad "que casi todos sabemos". Hacía alusión a la recuperación de la Alcaldía de la ciudad por parte de Coalición Canaria (CC).
La primera teniente de alcalde calificó la Ley canaria de municipios de "inconstitucional", porque califica de "tránsfuga" a los representantes políticos que son expulsados y limita sus derechos políticos.
Sin embargo, "la regulación estatal, que rige las bases del régimen local, considera que los tránsfugas son quienes se van a otro partido y no los que son expulsados de su formación política", como es el caso de los ediles de Cs.
El recurso de los concejales se producirá en función de la respuesta que los tribunales den a la demanda que presentaron el pasado 2 de septiembre, pero que se conoció este jueves, al entender que se vulneraron derechos fundamentales.
En esa denuncia, recordó Zambudio, han pedido la medida cautelar de suspensión de su expulsión del partido "por el perjuicio que ocasionaría" su paso a la condición de no adscritos.
"Tendremos que esperar a que se resuelva esa medida cautelar y en función del pronunciamiento ya sabremos la situación en la que quedamos, pero de momento no estamos en los no adscritos", sostuvo Zambudio, quien precisó que los tiempos dependen de los tribunales, puesto que no hay un periodo tasado, sino que va en función de las cargas de trabajo que tengan los juzgados y podría tardar "bastante tiempo".
Conversaciones con Berástegui
Con respecto a las pruebas incluidas en la demanda presentada en los tribunales, Matilde Zambudio detalló que se han añadido conversaciones mantenidas con la secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos en Canarias, Teresa Berástegui, en los días previos a la constitución del Ayuntamiento de Santa Cruz, mientras se estaba negociando un pacto.
Según Zambudio, demuestran que no hubo una orden expresa de no pactar con el PSOE sino que, por el contrario, Berástegui dio instrucciones, en un momento determinado, para que cerrasen un pacto con los socialistas en 24 horas. "Tenía en su whatsapp el contenido integro del pacto con los logos de Cs y PSOE", aseguró.
Además, agregó que "siendo consciente de esa situación", después de la votación que hizo alcaldesa a la socialista Patricia Hernández, "llamó pidiendo disculpas". "Hay mucho que discutir y ver", subrayó.
En esta línea, la concejal recalcó que el problema de Ciudadanos en Canarias lo han motivado quienes "han sido las cabezas" del partido, que lo han dirigido hacia "un fracaso absoluto".
"Ciudadanos en Canarias ahora mismo no hay por dónde cogerlo", insistió Zambudio, quien, en todo caso, aseguró que volvería a suscribir el manifiesto de Cs "hoy, mañana y dentro de 20 años". "Todavía pueden pasar muchas cosas. Cs está muerto ahora mismo, pero si se dieran los cambios que están pidiendo los afiliados...", sugirió.
CC no descarta acudir a la vía penal
El portavoz de Coalición Canaria (CC) en la capital, Juan José Martínez, dijo ayer que no descartan acudir a la vía de lo contencioso administrativo o a la penal si detectan incumplimientos en la Ley de Municipios de Canarias, norma en la que se recoge la figura del concejal no adscrito y sus condiciones.
"Queremos que se cumpla estrictamente el contenido de esa norma en cuanto a la consideración de tránsfugas. No vamos a dejar pasar ningún subterfugio legal que intente evitar el cumplimiento de esa ley ", sostuvo el edil nacionalista.
Ayer, CC ya dejó entrever por dónde irán sus actuaciones en este sentido. En el Consejo Rector de Urbanismo, que el edil del Partido Popular Carlos Tarife había solicitado a primera hora de la mañana que se suspendiera por la expulsión del edil del área Juan Ramón Lazcano (Ciudadanos), los nacionalistas se abstuvieron en casi todos los puntos tratados, a pesar de que muchos de ellos venían arrastrados del mandato anterior.
Según explicó Martínez, el voto está motivado por las "dudas legales" que les genera el informe que elaboró la secretaria de la Gerencia de Urbanismo para justificar la celebración del Consejo Rector.
En él, relató Martínez, la secretaria hizo mención a la situación procesal de los dos ediles expulsados, Matilde Zambudio y el citado Lazcano, que han solicitado en el juzgado la aplicación de medidas cautelares sobre su expulsión de Ciudadanos.
"Como tenemos serias reservas con respecto a la legalidad de esta interpretación, nos hemos abstenido, a pesar de valorar en positivo casi todos ellos", recalcó Martínez.
Entre los puntos debatidos ayer, se votó la solicitud al Gobierno de Canarias del informe de Impacto Ambiental para el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) en el que ya trabaja la Corporación de la capital.
"Los planes generales, por motivos más ínfimos que este, han sido anulados. Tenemos experiencias en Santa Cruz en este sentido", subrayó Juan José Martínez. "Nuestros abogados van a hacer el análisis de estas cuestiones y a valorar las decisiones a tomar", añadió.
