La sección sindical del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) en el Ayuntamiento de Santa Cruz denunció el pasado mes de abril ante la Fiscalía provincial el uso de instalaciones municipales por parte de una persona ajena al consistorio, supuestamente vinculada a la adjudicataria de la iniciativa Distrito Joven, la empresa Ralons.

En el documento, al que ha tenido acceso ahora EL DÍA, Sepca relató que la citada persona, miembro de Coalición Canaria (CC), desempeñó sus funciones, al menos desde mediados de 2017, en el centro de trabajo municipal de la calle La Noria, donde estaban ubicadas las oficinas de la Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana.

El sindicato indicó también que esta trabajadora hizo uso de medios existentes en este centro de trabajo, incluyendo mesa, ordenador y teléfono, e, incluso, dispuso de llaves de acceso al edificio público, "todo ello amparado en un supuesto contrato administrativo" con Ralons.

La sección sindical de Sepca en el consistorio hizo constar también ante la Fiscalía que habían preguntado por esta situación a la por entonces Directora General de Recursos Humanos, Nieves Pérez. El sindicato temía que se usara esta fórmula laboral para que la persona mencionada solicitara luego su transformación en personal laboral indefinido por fraude de ley.

Es más, Sepca añadió en su escrito ante la Fiscalía que se había alertado a Recursos Humanos de la situación de "riesgo psicosocial" que causaba la presencia de esta persona, y recalcó que continuaba haciendo las mismas funciones pese a que ya era conocedora de los hechos la directora general de Recursos Humanos.

"Hay que tener en cuenta que mantener en un mismo centro de trabajo a empleados públicos que accedieron a la Administración de forma reglamentaria junto con personal de perfil político elevado es una fuente de conflicto asegurada, máxime cuando esa persona se permite dar instrucciones a empleados públicos en el centro de trabajo compartido", advirtió Sepca en uno de los documentos que añadió a la denuncia.

El sindicato, y así lo detalló en su escrito ante la Fiscalía, constató en una de las visitas realizadas al centro de trabajo de la calle La Noria, que la citada empleada recaudaba dinero por venta de entradas para un conocido parque temático del sur de la Isla, "en lo que parecía un acto organizado para personas jóvenes".

Sepca intentó, sin éxito, y así lo recogió en la denuncia presentada ante el Ministerio Fiscal, que la dirección general de Recursos Humanos adoptara "medidas urgentes" para poner fin a esta "anormalidad", que se investigara el modo en el que la persona señalada accedía al ordenador y que se comunicara a Tesorería y Contabilidad si había sido instruido expediente administrativo para el cobro de cantidades por participación en actividades previstas en el marco de "Distrito Joven".

Los hechos denunciados ante la Fiscalía entroncan con la decisión adoptada hace algunos días por el nuevo gobierno municipal (PSOE-Ciudadanos) de suspender la contratación "a dedo" de la apertura y cierre de la Casa de la Juventud de El Toscal, previa recomendación de los técnicos municipales. También en este caso el contrato se había adjudicado a la empresa Ralons.

Según denunció la concejal del área, Elena Mateo, se habían emitido unas facturas de carácter bimensual, de menos de 15.000 euros cada una, pero sin un papel de por medio, por lo que se optó por cancelar el servicio y limitar el horario de este recurso, inaugurado en febrero.

Fuentes consultadas ayer por este periódico aseguraron que la misma persona cuya situación denunció Sepca desempeñaba su labor ahora en la citada Casa de la Juventud hasta que se produjo el cierre parcial de inmueble.

"Distrito Joven" es una iniciativa que puso en marcha el gobierno municipal anterior realiza talleres lúdico-formativos y actividades complementarias de manera totalmente gratuita, se extiende por los cinco distritos de la capital y va destinada a un segmento de población con edades comprendidas entre los 14 y los 21 años.