El grupo municipal de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentará una moción en el próximo Pleno de la Corporación para demandar la ratificación, en todos sus extremos, del "acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales", también conocido como Pacto Antitransfuguismo, y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en estos casos.
El portavoz del grupo municipal de CC, Juan José Martínez, recordó ayer que sobre los dos concejales de Ciudadanos que forman parte del nuevo grupo de gobierno pesa un expediente de expulsión que, una vez formalizado, les convertiría en tránsfugas y, por tanto, en concejales no adscritos, "lo que les impediría, entre otras cosas, ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva o parcial".
Martínez señaló que esa expulsión está pendiente solo un mero formalismo interno de Ciudadanos y que, ante este escenario, "pedimos la aplicación de la ley vigente y del pacto antitransfugismo en Santa Cruz".
El portavoz conminó a la alcaldesa a no apoyarse en tránsfugas para gobernar, tal y como determina el citado pacto, "puesto que tiene otras opciones si quiere seguir haciéndolo".
Martínez consideró inexcusable la toma de posición del Pleno del Ayuntamiento "sobre un asunto que entronca directamente con la calidad de la democracia, con el cumplimiento de la normativa vigente y con la demandas ciudadanas de transparencia y buen gobierno".
En concreto, la propuesta aboga por "hacer cumplir en el ámbito concreto de la corporación local de Santa Cruz de Tenerife los preceptos" del citado acuerdo e instar a "la Secretaría General del Pleno y a todos los servicios, organismos y sociedades municipales a la realización de las gestiones precisas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den cumplimiento a los citados preceptos y a la normativa general y autonómica cuando hubiere lugar".
La moción recuerda que "la solidez de una democracia viene determinada por el exquisito respeto al ordenamiento jurídico, pero de igual modo es exigible la ejemplaridad en la conducta de quienes desempeñan cargos de representación pública".
"Una ejemplaridad -continúa- que ha de tener su mayor expresión en el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y en el deber de lealtad política conectado directamente con aquélla", dijo Juan José Martínez.
