El concejal de Seguridad de Santa Cruz, Florentino Guzmán, ya había anunciado hace unos días que revisarían la nueva ordenanza de Circulación y Movilidad, aprobada por el anterior gobierno (CC y PP), y, ayer, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) anunció que la denunciará en los tribunales.
La sección sindical en el consistorio ha presentado un recurso potestativo de reposición al entender que algunos artículos de la normativa "no se ajustan" a lo establecido en la Ley de Tráfico y al resto de normativa estatal.
Por ejemplo, entiende CCOO que el personal de Protección Civil "no puede" realizar funciones de tráfico, sino que solo puede permitir el acceso de vehículos o peatones a la zona o itinerario afectados cuando sea habilitado por la autoridad responsable.
La ordenanza municipal establece, en su artículo 4, que los agentes de la Policía Local podrán recibir la colaboración en las funciones de tráfico del personal de protección civil. Y añade que estos voluntarios tendrán la consideración de auxiliares de la Policía Local en materia de tráfico.
También cuestiona el sindicato el artículo 10, que regula las excepciones a la prohibición de circulación de determinados vehículos en eventos o espectáculos públicos. Entiende la organización que en la circulación "ningún vehículo" puede ser exonerado de cumplir algunas normas de seguridad vial, ya que iría en contra de los principios de la Ley de Tráfico.
Del mismo modo, el sindicato rechaza también lo recogido en el artículo 75, sobre la prohibición de la actividad de los aparcacoches. La ordenanza establece que los agentes, tras formular la correspondiente denuncia, retirarán e incautarán el dinero obtenido. Sin embargo, la organización recalca que la Ley de Tráfico solo contempla que cuando no se acredite la residencia legal en territorio español y no se deposite la cuantía de la multa se podrá inmovilizar el vehículo y el depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito o en metálico.
Otro de los artículos recurridos por CCOO es el 39, que en su punto 12 fija que el ciclista tendrá preferencia sobre el tráfico motorizado. Explica el sindicato que el artículo 64 del Reglamento General de Circulación (RGC) establece que los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a a los vehículos a motor, pero en tres circunstancias muy concretas. "En los demás casos serán aplicables las normas generales sobre prioridad de paso entre vehículos", establece el RGC.
Comisiones también propone que se modifique el artículo 60 de la ordenanza, que regula las actividades realizadas por viandantes en vías de circulación y peatones. En este caso, solicita que se elimine del texto la actividad en sí: mendicidad, juegos malabares, venta de pañuelos, etc.
Otro de los puntos que el sindicato pide modificar tiene que ver con las sanciones que fija la ordenanza que aprobaron CC y PP en el último pleno del mandato. Entiende la organización que dichas sanciones van en contra de lo establecido por la Ley de Tráfico, pues ni coinciden en las cantidades ni existen en la citada norma las graves y muy graves.
En esta línea, CCOO también rechaza el contenido del artículo 71.3, que recoge la prohibición de estacionar en un mismo lugar de la vía pública o en terrenos de titularidad pública abiertos durante 10 días. Considera el sindicato que "es incalculable" la cantidad de coches que estacionan en cualquier ciudad superando los diez días en un mismo lugar, por diferentes razones, sin que por ello haya que considerarlo como vehículo abandonado. "No tiene sentido estar levantando acta por este motivo cuando el tratamiento residual del vehículo está en el artículo 112 de la ordenanza", recalca.
La AV El Perenquén también acudirá a los tribunales
La Asociación de Vecinos El Perenquén advierte al nuevo gobierno municipal (PSOE y Cs) de que presentará un recurso contencioso administrativo ante los tribunales si no suspende en los próximos días la aplicación de la ordenanza de movilidad que dejó aprobada el anterior gobierno, que rechazó todas sus alegaciones.
Denuncia este colectivo ciudadano que la ordenanza "regala el espacio público a los promotores privados para eventos", y se aprobó y entró en vigor justo al final del mandato anterior sin estudio ni plan de movilidad y sin resolver los graves problemas que aquejan a la zona de la ciudad donde en su día se llevó a cabo el Plan Urban, como son los relativos a la carga y descarga, la dificultad -y en algunos lugares imposibilidad- de acceso a las ambulancias y los bomberos para situaciones de emergencia, las terrazas sin control, el mobiliario fijo en el suelo, etc.
A ello se une la "invasión" de empresas de vehículos para la movilidad de las personas (VMP), como motos eléctricas, que ocupan las estrechas vías y plazas de aparcamiento públicas que necesitan los residentes, "lo que está provocando que el caos se adueñe de la Zona Urban".
"Y el anuncio de que vendrá una empresa multinacional de alquiler de patinetes solo empeora la situación", señala El Perenquén. Unos vehículos que, para estos vecinos, "suponen un riesgo para los demás usuarios de las vías públicas por su uso descontrolado si se implantan masivamente".
