Zambudio y Lazcano acudirán a los tribunales si su expulsión es definitiva

Antes de que eso se produzca, los dos ediles del grupo de gobierno de la capital disponen de diez días naturales para recurrir la decisión de la formación naranja. Lo que se decida tras escuchar su versión será comunicado al secretario del ayuntamiento, según confirmaron ayer fuentes del partido.

Si finalmente Cs no acepta las alegaciones de los concejales y se consuma su salida del partido, ambos solicitarán, a través de lo Contencioso-Administrativo, la medida cautelar de suspensión de la expulsión, un aspecto que "retrasaría" mucho este proceso.

Así lo avanzaron ayer fuentes consultadas por este periódico, que indicaron que "la mayoría de las veces" los tribunales conceden estas medidas cautelares. Es más, avanzaron que, en estos casos, el criterio del Contencioso-Administrativo suele ser a favor de la no expulsión de los concejales.

De cualquier manera, y si la expulsión es definitiva, tanto Matilde Zambudio como Juan Ramón Lazcano se mantendrán en el ayuntamiento como concejales no adscritos, "y ya se verá si pierden o no sus derechos económicos".

Entienden estas fuentes que existen dudas, incluso, sobre la posibilidad de que dejen de percibir su sueldo como ediles del equipo de gobierno, al no representar aún a ningún grupo.

En todo caso, para definir la situación de los responsables de Promoción Económica y Urbanismo, si son expulsados, tanto el secretario municipal como el interventor deberán emitir sendos informes sobre este asunto. Luego será la alcaldesa la que, a través de una resolución, decidirá si restituye o no los derechos de los ediles.

"Pero lo que sí está claro es que no van a dimitir cobren o no, y eso va a provocar que sea imposible presentar una moción de censura contra Patricia Hernández", añadieron las fuentes consultadas.

La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias establece que "tendrán la consideración de no adscritos los concejales que sean expulsados de la formación política que presentó la correspondiente candidatura".

Y aclara que el reglamento de la corporación establecerá los derechos de los concejales no adscritos, debiendo respetar las siguientes normas: podrán participar con plenitud de derechos en las comisiones informativas municipales; en cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, no serán de aplicación a los concejales no adscritos; y no podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la corporación.

No obstante, otras fuentes jurídicas incidieron en que existen "contradicciones" entre la citada ley canaria y la Ley General Electoral, más conocida como Ley "antitransfuguismo", que es la que prevalece por ser una de mayor rango. Y son esas contradicciones las que permitirían a Zambudio y Lazcano mantener su situación en el ayuntamiento.

fechas clave

15 de junio. Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano votan a Patricia Hernández en el pleno de investidura en contra de las directrices del partido, según fuentes de la formación. La responsable de Comunicación de Cs, Vidina Espino, habla de "tamayazo".

17 de junio. La nueva alcaldesa, Patricia Hernández, firma la nueva estructura del gobierno municipal. Zambudio será la primera teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica. Lazcano ocupará Urbanismo e Infraestructuras.

18 de junio. Ciudadanos comunica a sus dos ediles que les ha abierto un expediente disciplinario, con suspensión de militancia como medida cautelar. Los ediles recurren.

9 de julio. Hasta este día se debatía sobre si Zambudio y Lazcano serían expulsados. Finalmente, los órganos correspondientes de la formación naranja confirmaron la expulsión de ambos ediles, que volverán a recurrir la medida. Para ello disponen de diez días.

Tranquilidad, respeto e incomprensión

El grupo de gobierno de Santa Cruz, que forman PSOE y Ciudadanos, mostró ayer su "tranquilidad" ante las anunciadas expulsiones de los ediles de Ciudadanos, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, y recalcaron que "hay que esperar a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos".

Por su parte, fuentes del Partido Popular de la capital expresaron su "respeto" por las decisiones internas de los partidos. "Es una situación que va a tener que resolverse en al ámbito interno de Ciudadanos y, a partir de ahí, lo que sí nos preocupa es la inestabilidad del ayuntamiento", recalcaron.

En esta línea, las fuentes populares "esperan" que esta situación se resuelva "cuanto antes", tanto para bien, "en el sentido de que los concejales puedan demostrar que no tienen por qué ser expulsados, como para mal, si al final se produce la expulsión definitiva del partido".

"Lo más importante de todo es darle estabilidad al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque en política lo que prima no son los personalismos, sino los programas, los equipos y las instituciones ", incidieron.

El más crítico con la decisión de la formación naranja fue Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, el otro grupo que apoyó a Patricia Hernández como alcaldesa de la capital. En declaraciones a El Día, dijo que "parece que se confirma que Ciudadanos es el único partido que expulsa a sus cargos públicos por cumplir con su programa".

"Sus candidatos en Santa Cruz prometieron regeneración y han actuado coherentemente en función de lo prometido. Lo incoherente es que la dirección de Cs les exigiera incumplir con lo prometido a sus votantes", añadió.

También subrayó que "si hay que elegir entre cumplir con lo que prometiste a tus votantes y la orden de tu partido para incumplir tus promesas, creo que lo ético es ser leal a tus votantes". "Curiosamente, es la dirección de Ciudadanos la que practica una especie de transfuguismo en relación a sus promesas electorales", puntualizó.

En esta línea, sostuvo que "no es aceptable tratar de declarar tránsfugas a dos concejales porque se empeñan en cumplir con sus compromisos".

"Ciudadanos debió prohibir a sus candidatos que se comprometieran con la regeneración política, si quería tener autoridad moral para exigir a sus cargos públicos en Santa Cruz que apoyaran, por acción u omisión, a Coalición Canaria", concluyó.