El gerente de Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), Víctor González, aseguró ayer que el Gobierno de Canarias mantendrá los compromisos adquiridos con los vecinos de las 358 viviendas de Añaza y que en ningún caso "se van a quedar en una situación de vulnerabilidad o desprotegidos". No obstante resaltó que se trata de un problema "nada sencillo de abordar" que llevará su tiempo "al tenerse que comprobar caso por caso cada una de las situaciones de los afectados".
Para no dejar ningún tipo de duda manifestó el "firme compromiso con los vecinos", e hizo públicas las inversiones realizadas en las promociones: "En reparaciones hechas se invierten 78.792 euros, mientras que en contratos de mantenimiento 194.112 euros anuales". En total, 272.904 euros.
Esta es la respuesta del responsable de la empresa pública del Gobierno de Canarias en relación a las demandas vecinales para que se cumplan íntegramente cada uno de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo regional, tras comprar al banco Santander el pasado 9 de enero los dos bloques de edificios de 358 viviendas, por un importe de 24,9 millones de euros.
Los vecinos pedían celeridad en el proceso, denunciando que no se ha llegado a cumplir con la regularización de los inquilinos (la semana pasada ya se firmaron los primeros nuevos contratos), planes adaptados a la situación de las personas o el desestimiento de los procedimientos judiciales.
Al respecto, Víctor González explicó que "el proceso en ningún caso es sencillo, pero Visocan sigue trabajando en la situación y ocupación de esas viviendas y eso lleva su tiempo. Entre otras cosas, se tiene que requerir mucha documentación a los inquilinos para cambiar los contratos. En eso estamos y seguimos trabajando. De hecho hay dos personas que están trabajando exclusivamente en ello".
"¿Que no es tan rápido como los afectados quisieran? Pues a lo mejor no, porque cada caso hay que analizarlo independientemente porque hay situaciones muy diversas, como por ejemplo personas que no tienen ingresos, otros sí, o deudas, gente que tenía otras deudas pendientes con el anterior propietario y hay ver cómo se articula ahora para buscar una solución", aclaró.
En su opinión, "se ha creado alarma sin motivo. Seguimos trabajando cumpliendo con los compromisos adquiridos en su momento, de analizar cada uno de los casos y regularizar que todos tengan su contrato en regla o dirigir al ayuntamiento a aquellos que tengan derecho a la ayuda de alquiler".
Insistió en que no es un trámite sencillo y recordó que cuando las personas vienen con su cita después quiere que se estudie su casuística de forma particular. Visocan está cumpliendo de forma escrupulosa y la gente debe entender que coger dos promociones de 358 viviendas no es sencillo", dijo González.
Por su parte, la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, también fue clara y manifestó que el consistorio mantendrá los compromisos adquiridos.
las claves
El pasado 5 de octubre se hace pública la amenaza de desahucio o de la negativa de renovar los contratos de alquiler por parte del banco Santander o sus filiales a 358 viviendas del barrio de Añaza.
Tres días después, el alcalde José Manuel Bermúdez exige paralizar los desahucios junto al Cabildo y el Gobierno de Canarias. Se inician los contactos con la entidad financiera para parar los alzamientos.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lleva a la Fiscalía el caso el día 15. Bermúdez dice que revisará su relación con el banco tras no obtener ningún tipo de respuesta a pesar de los intentos.
El día 16, Cabildo y Ayuntamiento anuncian la retirada de un total de 29 millones de las cuentas del banco, además de iniciar medidas conjuntas si no paraliza los desahucios o la venta a fondos buitre.
La presión hacia la entidad y la mala imagen del banco a raíz del problema supone que el Santander pida una reunión para aclarar los problemas surgidos. Ese día se suspende el desahucio de Valeria.
Finalmente, el 19 de octubre, Bermúdez anuncia el acuerdo entre el presidente regional, Fernando Clavijo, y el consejero delegado del banco Santander, Rami Aboukhair, para la compra de las viviendas.
El día 9 de enero, Clavijo anuncia el acuerdo de la compra definitiva de las 358 viviendas de las manzanas 7 y 8 del barrio de Añaza.
