Ciudadanos (Cs) comunicó ayer la suspensión cautelar de militancia a sus dos concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, que, desde este lunes, forman parte del nuevo gobierno municipal que encabeza la socialista Patricia Hernández.

La decisión fue tomada por la Comisión de Régimen Disciplinario de la formación naranja, como consecuencia del expediente disciplinario abierto a los dos ediles, a los que Ciudadanos acusa del "incumplimiento de las directrices de los órganos ejecutivos de la formación, que podrían infringir la normativa disciplinaria interna".

"Cs actúa de acuerdo al respeto de los principios y valores del partido", sostuvo la formación.

Como se recordará, en el pleno de investidura del pasado sábado, Zambudio y Lazcano votaron a favor de la candidatura de Hernández, a pesar de tener, según defienden los órganos regionales del partido, la orden de votarse a sí mismos.

Este hecho, junto a los votos de Unidas Podemos, dio la Alcaldía a la candidata del PSOE y dejó fuera de ella al nacionalista José Manuel Bermúdez, que aspiraba a su tercer mandado consecutivo.

Tras estos hechos, la responsable de Comunicación de Ciudadanos en Canarias, Vidina Espino, denunció que los dos concejales de su partido habían sido comprados y responsabilizó de ello al secretario de Organización, Juan Amigó.

Desde este lunes, Matilde Zambudio es primera teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, Sociedad de Desarrollo, Cultura y Patrimonio Histórico, y Juan Ramón Lazcano es responsable del área de Urbanismo.

Ayer, ambos diles comunicaron que presentarán las alegaciones y las pruebas oportunas para "acreditar" que cumplieron con las instrucciones aprobadas por la ejecutiva nacional de Cs. Disponen de 10 y 5 días, respectivamente. Zambudio apuntó que "después de todo lo acontecido, se debe abrir una investigación para esclarecer los sucedido en la que presentaremos todas las pruebas pertinentes para defender, ante todo, nuestra honorabilidad, nuestro compromiso en campaña con los chicharreros y acreditar que cumplimos con las directrices del partido". Y detalló que "se está trabajando en la interposición de las acciones judiciales correspondientes, en relación a la querella criminal por un presunto delito de calumnias contra Vidina Espino".

El futuro si son expulsados

¿Qué pasaría si finalmente con expulsados? Fuentes consultadas ayer por este periódico explicaron que si se confirma la expulsión, "automáticamente y una vez que el partido se lo comunique al secretario municipal" pasarán al grupo de no adscritos. Es decir, que dejarán de ser concejales de la formación naranja, pero no perderán su condición de ediles ni mucho menos la responsabilidad que ostentan.

Así lo establece el artículo 28 de la Ley Canaria de Municipios, que en su artículo 4.1 a) fija que "podrán participar con plenitud de derechos en las Comisiones informativas municipales, conforme al procedimiento que establezca el reglamento orgánico y respetándose el principio de proporcionalidad".

Eso sí, ambos ediles, según la misma norma, "no podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la corporación". O sea, que no podrán cobrar por sus responsabilidades en el gobierno, pero sí dietas por asistencia a plenos y comisiones.

El caso sería similar a lo que ocurrió en El Rosario casi al final del mandato. Las concejalas del PSOE María Ángeles Rodríguez y Soledad Negrín abandonaron la disciplina socialista y pasaron a formar parte del grupo de no adscritos, con las mismas tareas que venían desempeñando, pero sin percibir sueldo por ellas.

Apoyo del consejero en el Cabildo de Gran Canaria

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Cabildo de Gran Canaria, Ruymán Santana, mostró ayer su apoyo a sus compañeros en el Ayuntamiento de Santa Cruz, expedientados por el partido por apoyar a Patricia Hernández (PSOE) como alcaldesa de la ciudad. "Sacar a CC de todas las instituciones nos parece hoy por hoy el principal objetivo", dijo Santana, en referencia a la concejal de su partido en la capital, Matilde Zambudio. "Sacrificarnos los consejeros y los políticos de Cs elegidos por la ciudadanía con tal de lograr ese bien superior justifica cualquier tipo de situación", manifestó, en alusión al expediente disciplinario con suspensión cautelar de militancia que afecta a los edil santacruceros. Matilde Zambudio "hizo lo que le dictaba su moral, cumplir con lo que se comprometió con los electores", porque "ella dijo en todo momento que su principal objetivo era quitar a CC", subrayó. Según Santana, a Zambudio le han sobrado "tres años y 364 días de mandato" para cumplir su compromiso. "Prefiero no estar en el Cabildo de Gran Canaria gobernando con el pacto que me podría resultar más interesante para que de una vez por todas podamos quitar a CC a nivel regional", insistió.

Cargos públicos de Cs de Las Palmas criticaron la "imprudencia" de las afirmaciones de Espino al acusar a Zambudio y Lazcano de dar un tamayazo, insinuando un presunto delito de cohecho. Por eso, estos cargos esperan que el comité de garantías no sólo analice la situación de los dos concejales sino la gravedad de lo dicho por Espino.

Cs estudiará también las declaraciones de Vidina Espino

El Comité de Garantías de Ciudadanos (Cs) analizará no solo el comportamiento de sus dos concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz por contravenir las indicaciones del partido y votar finalmente a favor de la socialista Patricia Hernández, sino que también estudiará las declaraciones realizadas por la secretaria de Comunicación de la formación en las Islas y candidata a la Presidencia del Gobierno el 26M, Vidina Espino, en las que acusaba a los dos ediles de provocar un tamayazo. La apertura de expediente disciplinario a Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano supone también el inicio de un periodo de alegaciones durante el cual ambos podrán presentar ante el comité de garantías lo que consideren oportuno en defensa de su actuación. Según ha podido saber este periódico, entre sus alegaciones estará precisamente la grave acusación lanzada contra ellos por Espino, por lo que el órgano de la formación naranja no sólo tendrá que decidir si expulsa o no a los dos concejales, sino también hasta dónde llega la gravedad de las manifestaciones de su candidata y diputada electa hacia sus compañeros, en las que también va implícita la presunta comisión de un delito. Las acusaciones de Vidina Espino han causado malestar y estupor en militantes pero también en cargos públicos de Ciudadanos en el Archipiélago.