Las defensas de los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre 1998 y 2007, los concejales Manuel Parejo y Luz Reverón, así como el que fuera su interventor delegado, José Luis Roca Gironés, han elevado un recurso a la Audiencia Provincial en el que solicitan el archivo de la instrucción judicial del conocido como caso Horas Extra, que investiga presuntos delitos de prevaricación, según informó ayer el abogado Alfonso Delgado, que ejerce la representación letrada de la exconcejal de Urbanismo Luz Reverón.

Ayer, Roca Gironés compareció en calidad de investigado ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres y Farizo, que instruye el asunto aunque el exinterventor delegado se acogió a su derecho constitucional de no declarar a las preguntas de la Fiscalía.

Alfonso Delgado aseveró que "se ha solicitado el archivo de este procedimiento porque no hay el más mínimo indicio de que se haya cometido ningún tipo de delito, como esta parte ha expuesto en los sucesivos recursos presentados". En este sentido, Delgado confió en que la Audiencia Provincial "resuelva lo antes posible la situación para acabar con este procedimiento y con la pena de banquillo que sufren las personas denunciadas desde 2015".

El caso se inició por la denuncia que en su día presentó el ya exconcejal José Manuel Corrales y los letrados Felipe Campos y Antonio Espinosa. En la misma también se aludía al exsecretario de Urbanismo Juan Víctor Reyes como otro de los altos funcionarios de la Gerencia que habrían cobrado cantidades de dinero de forma irregular por realizar -según la denuncia- expedientes vinculados a la operación de compraventa de la playa de las Teresitas, finalizar informes acumulados en la Gerencia y acelerar trabajos vinculados al avance de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Los denunciantes cuantifican en cerca de 22.000 euros las cantidades satisfechas a través de cheques a los dos funcionarios. En la causa ya no está investigado Reyes.

El abogado de Reverón explicó que la Gerencia de Urbanismo presentaba una situación de colapso de expedientes sin resolver debido al aumento del volumen de trabajo de este oficina entre 1998 y 2007, que aconteció al albur de la burbuja inmobiliaria y que los abogados calculan en torno a un 700%, cifra que estiman por la diferencia en las cuantías cobradas por tasas sobre licencias de obra, y que pasó de los cerca de algo más de un millón de euros en 1998 a más de siete millones en 2007, justo antes de la crisis del ladrillo.

Entonces se decidió retribuir las horas extras en cheques a determinados funcionarios municipales, cuyas nóminas no dependían directamente de la Gerencia sino del Ayuntamiento, por lo que "era la forma de retribución aconsejada". En concreto fueron 14 funcionarios los que cobraron así, mientras que el resto del personal adscrito, 98 trabajadores, cobraron dichas horas extra dentro de su nómina. El letrado de Reverón señaló que su actuación fue ajustada a la legalidad y pide su libre absolución.