La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz da un plazo de dos meses a los propietarios del inmueble situado en el número 5 de la calle José Antonio Escuder, en el barrio de Cuesta Piedra, para que procedan a la poda de "una gran masa vegetal" que "puede afectar a personas y bienes que circulen por el acerado público".

Este inmueble, y según se relata en el expediente de orden de ejecución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuenta con un cerramiento "de parcela compuesto por bloques de hormigón sin el revestimiento adecuado, que no se adecua a la estética del entorno y que está cubierto por una gran masa vegetal, la cual sobrepasa los límites de la propiedad y se encuentra fuera de la alineación oficial, pudiendo esta vegetación afectar a personas y bienes que circulen por el acerado público".

Urbanismo insta a los dueños a iniciar el procedimiento para la obtención de los títulos habilitantes que resulten necesarios, "de acuerdo con la normativa de aplicación, para que, previo estudio de un técnico competente de la vegetación existente y en el que se propongan soluciones, se puedan acometer los trabajos de eliminación de vegetación y poda, al objeto de la conservación de dicho inmueble, en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato".

Desde el Ayuntamiento de la capital se advierte a los propietarios de este inmueble, situado en el Distrito Salud-La Salle, que, en caso de incumplimiento de lo ordenado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, "podrá incoarse expediente sancionador". Las multas por incumplir las órdenes de ejecución del Consistorio oscilan entre los 6.000 y los 150.000 euros.

Por otro lado, la Gerencia Municipal de Urbanismo da un plazo de 48 horas a los propietarios del inmueble situado en la calle Dácil Vilar Borges, Bloque 3, en Ofra, para que procedan a la adopción de medidas de seguridad, consistentes en la instalación de una red de protección con malla adherida anti-cascotes debidamente anclada, que "evite o prevenga de cualquier desprendimiento de material hacia la vía pública".

El Consistorio también exige que se instale una valla para cerramiento provisional. Estas medidas de seguridad suponen un coste de unos 3.000 euros.