La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ultima los expedientes necesarios para solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar que denuncie y retire el poblado ilegal de chabolas ubicado en el litoral Añaza, conocido como Los Pocitos.

En declaraciones a este periódico, el concejal del área, Carlos Tarife, advierte de que Santa Cruz "no va a permitir" que exista este tipo de construcciones en su costa, y relaciona varios incidentes registrados durante las últimas semanas en este punto del litoral con las personas que habitan en estas pequeñas viviendas.

En concreto, se trata de alrededor de una veintena de construcciones levantadas muy cerca de la costa, ocupadas de forma habitual y ubicadas a unos doscientos metros del hotel a medio construir, conocido como el mamotreto de Añaza.

Precisamente, el edil de Urbanismo avanza que ha ordenado a la Policía Local que precinte los accesos al citado establecimiento abandonado, cuyos candados han sido forzados en dos ocasiones a lo largo de las últimas fechas, y que vigile "de forma periódica y continuada en el tiempo" que no se vulnere dicho precinto.

Según la información a la que tuvo acceso este periódico, los agentes locales detectaron hace unos días a un grupo de jóvenes en el interior del inmueble, a los que identificaron tras solicitarles que salieran del recinto.

En el informe elaborado al respecto, los policías advirtieron de que el cierre del perímetro que se efectuó hace varias semanas y en el que el consistorio invirtió algo más de 100.000 euros es "insuficiente", ya que la reja que lo delimita incluso facilita el acceso al solar de la calle Mayantigo en el que se ubica el hotel a medio construir.

Paralelamente a estas dos actuaciones, el concejal de Urbanismo recuerda que la Gerencia continúa con la investigación para tratar de localizar a los propietarios del inmueble.

La búsqueda se retomó hace varias semanas, tras fracasar los intentos anteriores que ha llevado a cabo el consistorio. La idea es que sean los dueños de la construcción, que comenzó a levantarse en los primeros años de la década de los 70 del siglo pasado, los que asuman el coste de la demolición, valorada en casi dos millones de euros.

Si esta opción no fuera viable, Tarife ya ha anunciado que habrá que tomar una decisión, por la vía administrativa o judicial, buscando financiación para derribar el edificio.