El empresario Antonio Plasencia, uno de los condenados por el caso de Las Teresitas, ya ha cumplido con el requerimiento realizado por la Audiencia Provincial en relación a la indemnización que se debe pagar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues ha aportado un listado de bienes "suficientes para hacer frente a la responsabilidad civil" que se reclama en la sentencia. Así lo confirman fuentes del entorno familiar de Plasencia y así se establece en un escrito dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial al que ha tenido acceso El Día.

Lo mismo ha ocurrido con la Promotora Punta Larga, empresa de Antonio Plasencia y una de las entidades a través de las cuales se realizó, en 2001, la operación de compraventa de los terrenos de la playa chicharrera. La empresa también ha aportado ya una relación de propiedades "con el objeto de garantizar el pago de la deuda reclamada". Fuentes del entorno familiar de Plasencia apuntan que los requerimientos formulados por la Audiencia Provincial para la ejecución de la sentencia de Las Teresitas fueron recibidos el pasado 28 de abril.

Por lo tanto, y tal y como informan dichas fuentes, Antonio Plasencia y la Promotora Punta Larga han cumplido ya con los requerimientos de la Audiencia Provincial, señalando bienes para pagar la sentencia de Las Teresitas. En los escritos enviados por los abogados de Plasencia y de la empresa Promotora Punta Larga a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial, se aclara que la totalidad de los inmuebles que se relacionan en los listados se encuentran "libres de cargas y gravámenes". "Por lo expuesto, suplico a la Sala que tenga por presentado el escrito, se sirva admitirlo y, conforme a los manifestado, tener por cumplimentado el traslado conferido para aportación de relación de bienes, con objeto de garantizar el pago de la deuda reclamada en las presentes actuaciones", se establece tanto en el escrito de Antonio Plasencia como en el correspondiente a su empresa.

A mediados de abril, la Audiencia Provincial dictó un auto ejecutorio de la sentencia de Las Teresitas, instando a los condenados, quienes además deben cumplir penas de cárcel, a fijar bienes suficientes para cubrir la ejecución del fallo judicial. Este obliga al abono solidario de una indemnización al Ayuntamiento de 61,7 millones, más los intereses generados.

En concreto, los condenados, que son los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, el exalcalde Miguel Zerolo, el exedil de Urbanismo Manuel Parejo, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y el funcionario Víctor Reyes, deben indemnizar al Consistorio chicharrero con 52,5 millones de euros por la operación de compraventa de los terrenos de Las Teresitas, y con 9,1 millones de euros, por la plusvalía generada por la recalificación de las propiedades privadas de la parte trasera, más los correspondientes intereses. Plasencia, posteriormente, podrá reclamar en recurso las cantidades correspondientes que de forma solidaria tendrían que asumir el resto de cocondenados.

En el caso de las empresas de Plasencia y González, Promotora Punta Larga y Promotora La Victoria, estas fueron condenadas al pago solidario de una de las indemnizaciones, por 52,5 millones de euros.

El caso de Las Teresitas es una de las mayores causas judiciales por delitos de corrupción instruidas en Canarias. En 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz compró a los empresarios Plasencia y González el frente de la playa de Las Teresitas por 52,5 millones, a pesar de que el precio de tasación era de 19 millones, según los informes municipales.