El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reclama al juzgado calcular los intereses de Las Teresitas

Así lo adelantó el concejal de Hacienda, Juan José Martínez (CC), en respuesta a una pregunta formulada por el edil de IU, Ramón Trujillo, que sorprendió a los presentes porque no tenían conocimiento de la petición realizada a la Audiencia por parte de los Servicios Jurídicos de la corporación.

Se trató de uno de los asuntos más importantes de los 36 tratados en la sesión de ayer, en la que también destacaron la dación de cuentas acerca de la liquidación del presupuesto general del ayuntamiento y de los organismos autónomos de 2018 o la unanimidad en la aprobación del convenio entre la corporación, Cabildo y Gobierno de Canarias para impulsar la primera fase de la playa de Valleseco.

Estos dos últimos asuntos se debatieron al principio de la sesión, lo que supuso que la oposición, con las pilas cargadas, pareciera más que estuviera en precampaña, por el tono y la dureza empleados, que en un debate normal de cuentas o de otros asuntos.

Acerca del caso Las Teresitas, la oposición (Cs, IU y PSOE) formuló tres preguntas en la línea de conocer datos sobre la ejecución de la sentencia y la indemnización que debería cobrar la corporación como consecuencia de ello. En respuesta, Martínez (CC) informó que por la mañana los Servicios Jurídicos del ayuntamiento habían solicitado "el cálculo exacto de los intereses actualizados" según las anualidades, teniendo en cuenta el tipo legal del dinero y la fórmula desarrollada por el consistorio para establecerlo, "y así la Audiencia lo estipula", recordó.

Acerca de ello, el concejal José Ángel Martín (PSOE) pidió "la relación de bienes" de los condenados para establecer el cálculo, incorporando, por ejemplo, "las concesiones de los párquines de Antonio Plasencia, los cambios en el accionariado de las diferentes empresas para garantizar el pago", dijo.

Otro de los asuntos destacados fue el de la liquidación del Presupuesto del ayuntamiento y los organismos autónomos de 2018. En este punto Martínez (CC) resaltó que "la corporación ejecutó más de 231 millones de euros, lo que representa un incremento del 16,4% respecto a la liquidación de 2017".

"Ese incremento es en términos absolutos de 32,6 millones y en términos relativos un 16,4%, en comparación con el ejercicio anterior", recordando el importante control de la deuda y los problemas que supone la Ley de Estabilidad Financiera, que limita significativamente la acción inversora de los ayuntamientos, dijo de forma general.

Estos datos no convencieron a la oposición. Para Trujillo (IU) "es positivo el dato de reducción de deuda, aunque no tanto el incremento relativo del 16,4%", una crítica seguida por la edil Asun Frías (SSP), que dijo que Juan José Martínez "hace un análisis positivo bastante sorprendente cuando el nivel de inversión real no llega ni a la cuarta parte: un 24% de los 50 millones previstos".

Más duro fue el socialista José Ángel Martín, que directamente apuntó que el equipo de Gobierno "ha vendido humo" en sus ruedas de prensa.

El concejal de Hacienda negó la mayor y acusó a la oposición de hacer "electoralismo" con sus críticas. Puso sobre la mesa "los problemas existentes con la regla de gasto impuesta por el Estado que limita la gestión" y defendió que todos los proyectos presentados están tramitándose o en proceso, por lo que se tienen que traspasar de ejercicio a ejercicio.

Contadores contraincendios de Emmasa

Los grupos de SSP, PSOE, Cs e IU presentaron una moción conjunta con el objetivo de estudiar y revisar la cuota de mantenimiento de contadores de agua contraincendios de la que aseguran "es contraria al ordenamiento jurídico", propuesta que fue rechazada por el grupo de Gobierno conformado por CC y PP al entender que el cobro del servicio es completamente legal.

Sobre ello, la oposición puso énfasis en que las bocas de agua están vinculadas en la red que gestiona la empresa mixta Emmasa, tienen un mantenimiento precario y "no garantiza la presión y caudal necesario para ser usado" en caso de emergencia, pero a pesar de eso se le cobra importantes cantidades de dinero a las comunidades de propietarios que tienen los contadores sin control alguno.

Como respuesta, el edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, apuntó que esta cuota "es preceptiva por ley" y así lo han certificado varias sentencias, "entre ellas las del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2002 son favorables a la empresa". Finalmente la moción fue rechazada.

Por su parte, el Colegio de Administradores de Fincas criticó el rechazo por parte de la corporación del análisis técnico-jurídico que pretendía la oposición, cuya moción "se basaba en el principio de que no se puede cobrar por un servicio que no se presta, que es lo que se debería averiguar para saber si el cobro es adecuado a lo que se contempla en la ordenanza".

Situación de interinidad de los 374 trabajadores

El grupo de Gobierno rechazó una moción firmada por los grupos SSP, PSOE, Cs e IU con el objetivo de paralizar los procesos del concurso de oposición que impulsa el área de Recursos Humanos con el objetivo de buscar fórmulas para consolidar el empleo de los 374 empleados en situación de interinidad. Con los trabajadores manifestándose a las puertas (por momentos el ruido no dejaba escuchar las intervenciones), el edil responsable defendió la postura del ayuntamiento y la imposibilidad de asumir la paralización. Pero el golpe de efecto lo dio el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien quiso hacer suya la moción presentada para elevarla a los servicios jurídicos y a la Intervención, "y espero que asuma lo que dictaminen. Hace unos días los sindicatos nos entregaron una propuesta a modo de pregunta y ahora su partido, con la firma de los otros, una más. Se estudiarán y habrá informe". Esta situación pilló a contrapié a Pedro Fernández Arcila, que primero no quiso asumir el compromiso y luego intentó incluir en el dictamen un asesor externo. Finalmente se dejó la moción tal cual y se rechazó.

Unanimidad en el proyecto de Valleseco

Se llevó a pleno la aprobación del convenio entre Autoridad Portuaria, Cabildo insular, Gobierno de Canarias y la corporación santacrucera para impulsar las obras de la nueva playa de Valleseco, trámite vital para que comiencen las actuaciones cuya dirección de obras será responsabilidad de Puertos. En este punto hubo unanimidad, aunque la tensión y los dimes y diretes sobre el proyecto se sucedieron, principalmente entre Pedro Fernández Arcila (SSP) y José Alberto Díaz Estébanez (CC), cuando el primero criticó "el retraso del proyecto, la burocracia del Gobierno de Canarias, el regateo del Cabildo y el poco interés del ayuntamiento". El nacionalista se revolvió y dijo que la defensa a ultranza del plan "la ha liderado el alcalde", que ha conseguido el apoyo del Ejecutivo regional y el gobierno insular "y sin ayuda del Estado. Da un discurso de los que no han pasado por Valleseco", le afeó.

Compartir los usos de la Casa de la Juventud

Otro de los asuntos destacados fue la petición por parte de colectivos vecinales para hacer uso de las estancias de la Casa de la Juventud, la Casa Siliuto, de forma provisional. Fue rechazada porque el inmueble es el primero de su condición que se integra en la red de centros de la Juventud del Cabildo. Además, la concejal de Juventud, Verónica Meseguer, dejó claro el mensaje. "Es el centro de los jóvenes de todo el municipio, no solo de El Toscal", dijo.