El papel del empresario en el empleo y la productividad

La afirmación es tan evidente como incómoda para algunos debates públicos: el empleo lo crean las empresas. Sin inversión privada, sin proyectos, sin actividad productiva y sin rentabilidad, no existe ni empleo privado ni posibilidad real de sostener el empleo público ni el Estado del bienestar. Esta secuencia básica –empresa → empleo → tributación → servicios públicos– se ha ido diluyendo en un relato político y social que, durante años, ha relegado el papel del empresario a una caricatura injusta.

Sin embargo, los datos actuales del mercado laboral español muestran con claridad las tensiones estructurales del modelo: productividad estancada, costes crecientes, falta de talento y un marco normativo que, tras sus últimas reformas, ofrece poco margen adicional para estimular la eficiencia empresarial. Cuando se agota la vía regulatoria, sólo quedan dos caminos:

Uno, reforzar la rentabilidad de las empresas a través de políticas que incentiven la productividad o, dos, buscar soluciones alternativas o complementarias, como la formación continua, la digitalización o el uso inteligente de la IA.

Porque no se puede exigir más productividad sin ofrecer las condiciones que la permiten. Y tampoco se puede demandar creación de empleo mientras se deteriora la ecuación básica de rentabilidad que hace posible cada contrato.

España sigue arrastrando un déficit cultural: se habla más del reparto de la riqueza que de la creación de la riqueza. Y sin embargo, es el empresario –la pyme, la microempresa, el autónomo, las familias empresarias– quien sostiene el 70% del empleo privado y alimenta, con sus impuestos, la estructura pública.

No se trata de idealizarlo, sino de otorgar su justa medida: sin empresa no hay empleo; sin empleo no hay recaudación; sin recaudación no hay estado del bienestar.

La productividad no despega, y el coste laboral crece por encima de la inflación durante 16 meses consecutivos. Este desequilibrio deteriora márgenes, cuestiona la inversión y limita la contratación. Si no hay un retorno adecuado del capital invertido, la creación de empleo se frena, incluso en contextos macroeconómicos favorables.

Por eso, ante un modelo donde la productividad se estanca, la política pública debería orientarse no a añadir más cargas, sino a liberar capacidad: reducir burocracia, estimular la inversión, priorizar la formación ajustada al tejido productivo, facilitar la flexibilidad interna, alinear salarios con productividad real y permitir –no obstaculizar– la incorporación de tecnología e IA. Si las empresas sostienen el sistema, el sistema debe estar diseñado para que las empresas puedan sostenerse.

Esto implica: políticas activas centradas en empleabilidad real, no en estadísticas; incentivos a sectores estratégicos, no subvenciones dispersas; formación diseñada con las empresas, no ‘para’ las empresas; orientación laboral vinculada a demanda real, no a catálogos obsoletos; acompañamiento al desempleado hacia sectores productivos, no hacia itinerarios que perpetúan la inactividad. Y, sobre todo, un relato público que vuelva a situar al empresario en la justa medida de su contribución: generador de riqueza, motor de empleo, garante indirecto del bienestar social.

Ha llegado el momento de devolver al empresario su lugar legítimo en la conversación social, y de alinear las políticas activas de empleo con la verdad más simple y más olvidada: crear empleo sólo es posible si quien lo crea puede sobrevivir y prosperar. n

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