Arona rechaza la construcción de 1.180 viviendas de VPO

En una decisión que ha generado gran indignación entre los vecinos, el Ayuntamiento de Arona ha rechazado la construcción de 1.180 viviendas de protección oficial (VPO), un proyecto que promete ser una solución a la creciente crisis habitacional en el municipio. Esta iniciativa, que implicaba una inversión de aproximadamente 178 millones de euros, iba a dar respuesta a la urgente necesidad de viviendas en el sur de Tenerife. Sin embargo, debido a disputas políticas internas y una gestión deficiente, el proyecto ha quedado paralizado.

Arona se enfrenta a un grave déficit habitacional. Más de 1.300 familias se encuentran en una lista de espera para acceder a una VPO, muchas de ellas viviendo en condiciones precarias. Esta situación no solo afecta a personas con una difícil situación económica, sino también a aquellos que, debido a la falta de oferta en el mercado, ven cómo sus expectativas de encontrar una vivienda adecuada se desvanecen.

El proyecto de construcción de las 1.180 viviendas de VPO había sido diseñado precisamente para abordar la falta de viviendas accesibles en Arona. Desde junio de 2024, las concejalías de Vivienda y Urbanismo habían estado trabajando en conjunto con una entidad privada para llevar a cabo este proyecto. Todo parecía encaminado hasta diciembre de 2024, cuando, después de meses de negociaciones, la empresa privada había cumplido con todos los requisitos establecidos. Desde la iniciativa privada de un empresario local afincado en Arona desde hace más de dos décadas, se ha constituido junto con un fondo de inversión social, el cual cubría los costos de construcción y los gastos iniciales del proyecto, y así el proceso parecía estar listo para arrancar. La empresa estaba constituida; los recursos humanos, técnicos y financieros estaban disponibles; y todos los elementos estaban en su lugar para comenzar el proyecto.

Sin embargo, el rechazo final del Ayuntamiento paralizó de forma abrupta la consecución de este proyecto y la construcción de estas viviendas, condenando a las familias que esperaban una respuesta a una incertidumbre aún mayor. La negativa parece estar motivada por una serie de «rencillas políticas» y «excusas técnicas» que escudan tanto a los políticos como a los técnicos municipales.

Lo verdaderamente preocupante de esta actitud, propia de la junta de gobierno municipal, es la falta de visión y planificación que demuestran al tomar decisiones que afectan el futuro del municipio. Al negarse a impulsar proyectos de desarrollo, progreso y equidad, están sometiendo al tejido empresarial que aún desea invertir en Arona a un entorno de incertidumbre.

A pesar de la parálisis en Arona, la empresa encargada del proyecto está constituida y completamente lista para comenzar las negociaciones de inmediato con otros municipios que de verdad tengan interés en la construcción de VPO. Si el municipio de Arona no puede resolver sus diferencias y tomar las decisiones correctas, la empresa podría trasladar su oferta de colaboración a otros lugares que sí estén dispuestos a aprovechar las ventajas de este tipo de colaboración público-privada, que, además, también habría supuesto un impulso económico para el municipio.

El rechazo del proyecto de las 1.180 viviendas no solo retrasa la posibilidad de un futuro mejor, sino que también refuerza la sensación de impotencia y frustración entre los ciudadanos. La gestión política parece no estar a la altura de los desafíos que enfrenta Arona. n