Oportunidades perdidas

El presidente Fernando Clavijo afirma estar insatisfecho con el adelgazamiento tísico al que el Gobierno central ha sometido al llamado decreto Canarias, que era inicialmente una suerte de red normativa y presupuestaria para garantizar un conjunto de políticas básicas en y para las islas.

Esa red se ha reducido mucho y en realidad la próxima semana el Consejo de Ministros aprobará solo tres cosas: cien millones más para la reconstrucción de La Palma, la bonificación del 60% del IRPF a los palmeros y la posibilidad —ya se verá qué condiciones se saca Hacienda de la manga— para poder utilizar los 685 millones de euros del superávit de la Comunidad autónoma.

Francamente debería llamarse el decreto La Palma. Y entre usted y yo, sinceramente, ¿cuánto tiempo se va a estar soltando perras a La Palma y privilegiándola fiscalmente? ¿Qué hay que reconstruir tan muníficamente año tras año? ¿Una economía estructuralmente dependiente de las restantes islas, con una productividad en caída libre y una población envejecida? ¿Dónde está la tan cacareada estrategia para la reforma, diversificación y modernización de la economía palmera?

¿Por qué un palmero que declara en su declaración del IRPF unos 60.000 euros anuales se le descuentan un 60% directamente sobre la cuota íntegra final, el mismo porcentaje que si ha ganado 20.000 o 150.000 euros? Dan ganas de sacar a la Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena, para invocar una erupción satisfactoriamente bonificable.

Dicen en los mentideros que desde Madrid se ha asegurado a Clavijo y Coalición Canaria que la mayoría de los compromisos del decreto Canarias se incorporarán al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027, ese primer episodio de la última temporada del Mandaloriano.

Los presupuestos son el camino, aunque no necesariamente el objetivo central consista en aprobarlos. Los sanchistas insisten mucho en que pueden conseguir resucitar a su chuchurría mayoría parlamentaria, aunque se juzgue harto improbable. En cambio, los coalicioneros deberán cumplir a cambio del decretito Canarias votando a favor del nuevo modelo de financiación autonómica.

Por supuesto, no será avalado por las comunidades dirigidas por el PP en el Consejo de Política Financiera y Fiscal, pero el Gobierno lo sacará adelante y comenzará a implementarlo, previsiblemente bajo una lluvia de acciones legales en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional mientras se aproximan a toda prisa las elecciones generales.

Posiblemente sea Clavijo el presidente canario que más y mejor se ha fajado —privilegiando siempre el diálogo testarudo sobre el enfrentamiento inútil— con el Gobierno español. Durante tres años ha desplegado energía, creatividad política, voluntad de diálogo, multilateralidad en sus relaciones con el Ejecutivo y la Administración del Estado —que no son exactamente la misma cosa—.

Los combates por la redistribución de los menores migrantes no acompañados sin dejar desatendido ni uno solo de los niños y adolescentes acogidos en Canarias, por la salvaguarda de la integridad del REF, por los fondos necesarios para políticas y programas estratégicos en medio del desierto presupuestario del sanchismo, por el desarrollo cabal del Estatuto de Autonomía de 2018 atestiguan tanto una estrategia como un compromiso.

Sin embargo, su segunda presidencia ha transcurrido durante los años más oscuros, discutibles, estériles y sórdidos de Pedro Sánchez, quien a su vez ha sido el dirigente español que más obviamente ha intentado desacreditar el nacionalismo canario desde los años noventa.

Un Sánchez cada vez más deshabitado e impotente que ya apenas gobierna: solo se mantiene en el Gobierno. Ha sido una oportunidad perdida a medias por la crisis cuasistémica del sistema político español.

Y ahora Ceuta. Ceuta, de la que nadie habla por estos andurriales. Ceuta, que también es frontera de Canarias con Marruecos. Ceuta, que no es un accidente, sino la apertura de una nueva etapa de España en su relación con el Magreb.

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