La prestación de ayuda para morir en Canarias: cinco años de un derecho

Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (LORE), Canarias dispone por primera vez de una visión global sobre cómo se está desarrollando esta prestación sanitaria. Su implantación ha exigido un importante esfuerzo de adaptación por parte de la Administración, los profesionales asistenciales, los equipos técnicos, las Unidades de Apoyo a la Prestación de Ayuda para Morir (UAPAM) y la Comisión de Garantía y Evaluación, cuyo trabajo conjunto ha permitido consolidar un procedimiento basado en el rigor técnico, la deliberación ética y la seguridad jurídica.

La aplicación de la LORE no ha estado exenta de dificultades. Como toda norma que reconoce un nuevo derecho en un ámbito de enorme complejidad clínica y humana, ha requerido aprendizaje, coordinación y espacios permanentes de diálogo entre los distintos profesionales implicados. En este recorrido, las UAPAM han desempeñado un papel esencial acompañando a los médicos responsables y consultores, resolviendo dudas y facilitando la correcta tramitación de los expedientes.

La celeridad en estos procedimientos no responde únicamente a una exigencia administrativa. Supone un compromiso con personas que, en la mayoría de los casos, afrontan enfermedades avanzadas y situaciones de extrema fragilidad, donde cada día puede resultar decisivo para el ejercicio efectivo del derecho reconocido por la Ley.

Desde la entrada en vigor de la LORE, 266 personas han solicitado la prestación de ayuda para morir en Canarias. Durante 2025 se registraron 60 solicitudes, de las cuales el 30% culminaron con la realización de la prestación.

El perfil del solicitante refleja una realidad estrechamente ligada a la enfermedad crónica avanzada. La enfermedad oncológica fue el principal motivo de solicitud (43,3%), seguida de las enfermedades neurológicas con grave deterioro funcional (26,7%). El 81,6% eran de nacionalidad española; alrededor del 70% tenían más de 60 años y la distribución entre hombres y mujeres fue prácticamente equilibrada.

La distribución por islas muestra una implantación desigual de la prestación: Tenerife concentra el 43,3% de las solicitudes, seguida de Lanzarote (26,7%), Gran Canaria (21,7%), Fuerteventura (6,7%) y La Palma (1,7%), mientras que en el resto de las Islas no se registraron solicitudes durante el periodo analizado.

Uno de los datos más significativos es que el 95% de las solicitudes fueron realizadas directamente por la propia persona, ejerciendo de forma libre y consciente su autonomía. El 5% restante se tramitó mediante el Documento de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad, cuando la persona había perdido la capacidad de decidir, pero había dejado previamente expresada su voluntad de acceder a esta prestación. Este dato pone de manifiesto la importancia de la planificación anticipada de decisiones como instrumento para garantizar el respeto a la autonomía personal, cuando la capacidad de decidir ya no puede ejercerse directamente.

La Atención Primaria desempeña un papel especialmente relevante: los médicos de familia fueron responsables del 41,5% de las solicitudes, reflejo del vínculo de confianza que mantienen con las personas y sus familias durante la evolución de enfermedades crónicas y procesos de deterioro progresivo.

El tiempo medio transcurrido entre la primera solicitud y la resolución favorable de la Comisión fue de 40,7 días, mientras que el periodo medio hasta la realización de la prestación alcanzó los 57,8 días. Esta diferencia responde, en buena medida, al respeto por la autonomía de la persona, que puede decidir cuándo desea culminar el proceso.

El análisis de la casuística también permite identificar situaciones que requieren especial atención. El 18,3% de las solicitudes no pudieron culminar el procedimiento, al no ajustarse a los requisitos establecidos por la LORE. Además, el 26,6% de las personas fallecieron durante la tramitación del procedimiento, una circunstancia estrechamente relacionada con la extrema fragilidad y la evolución avanzada de sus enfermedades.

Por otra parte, el 11,7% de las personas revocaron su solicitud durante el proceso deliberativo, lo que pone de manifiesto el valor del diálogo mantenido con el médico responsable y el médico consultor. En muchos casos, la aparición de nuevas alternativas terapéuticas, paliativas o de cuidados permitió reconsiderar la decisión inicialmente adoptada.

En cuanto al lugar donde finalmente se realizó la prestación, el 76,9% tuvo lugar en el hospital y el 23,1% en el domicilio, un dato que invita a seguir fortaleciendo la capacidad del sistema sanitario para ofrecer esta atención en el entorno elegido por la persona.

Una mirada hacia el futuro

La atención al final de la vida constituye uno de los ámbitos de mayor exigencia ética, clínica y humana del sistema sanitario. Consolidar esta prestación exige seguir reforzando la formación de los profesionales, fortalecer la coordinación entre las UAPAM y la Comisión de Garantía y Evaluación, agilizar los circuitos de comunicación y dotar a la Comisión de los recursos necesarios para desarrollar sus funciones con mayor eficacia e independencia.

Al mismo tiempo, resulta imprescindible acercar a la ciudadanía el conocimiento de este derecho mediante actividades divulgativas, coloquios y talleres en las distintas Áreas de Salud. Conocer la LORE significa comprender no solo un procedimiento, sino también las garantías que ofrece el sistema sanitario para acompañar a las personas en uno de los momentos más trascendentes de su vida.

Solo desde ese compromiso institucional, sustentado en la confianza, la formación, el trabajo conjunto y el reconocimiento de quienes hacen posible esta prestación, podremos seguir consolidando un modelo asistencial que sitúe siempre en el centro la dignidad, la autonomía y los derechos de las personas en el final de la vida. n