Transparencia frente a la bofetada de la moratoria

El acuerdo extrajudicial alcanzado entre el Gobierno canario y las principales empresas hoteleras del Archipiélago para cerrar el pleito de la moratorio pone sobre la mesa una serie de reflexiones. Todas ellas conducen a un punto en común: ¿se podría haber hecho de otra forma para evitar una sangría de 500 millones para las arcas públicas? El largo proceso para frenar las construcciones turísticas en las Islas, que arrancó en 2001, afectando al menos a cuatro presidencias, merece por parte de los responsables públicos un desglose a efectos de establecer qué ha ocurrido para que una obligación haya derivado en la adquisición de un derecho compensatorio.

Al margen de la aplicación del bisturí para fijar el desacierto, el convenio expande a su alrededor el desconcierto social. Es verdad que el montante abonado se redujo a la mitad, pero es necesario precisar que los terrenos afectados por el pleito, principalmente en San Bartolomé de Tirajana y Mogán, quedan liberados de la condición restrictiva de suelo rústico. Los ayuntamientos competentes serán los encargados de establecer su viabilidad urbanística, o sea un desbloqueo de licencias que reactiva una respetable cantidad de resorts y hoteles de lujo.

Tras el enredo en los tribunales y una manifiesta incompetencia administrativa de necesario esclarecimiento en lo que se refiere a la autoría, el procedimiento de la moratoria ha devenido en una finalidad distinta para la que fue creada. Corresponde al Ejecutivo regional explicar en sede parlamentaria este pacto que va en menoscabo del equilibrio presupuestario. Un trato que enriquece a un grupo de empresas con intereses legítimos, si bien constituye un perjuicio enorme para los contribuyentes canarios, que ven cómo 500 millones de euros son detraídos de cuestiones tan prioritarias como la sanidad o dependencia.

No hay reproche alguno al ejercicio de una defensa garantista de la propiedad privada, ni tampoco, faltaría más, a la sucesivas sentencias evacuadas por las instancias judiciales. Pero ello no es óbice, repetimos, para saber qué ocurrió a lo largo de un procedimiento que se sustentó en varias leyes para la ordenación del territorio y del turismo en Canarias. Sería de una gran gravedad que el montante desembolsado responda a una acción o inacción negligente. Frente a la sospecha, nada mejor que una explicación de los pormenores del expediente en sede parlamentaria. Si la oposición no lo ve así, es deducible que los canarios sí lo deseen a la espera de la transparencia debida en el desempeño de la función pública.

Pero no es la única preocupación. El acuerdo alcanzado por el Gobierno canario con las empresas perjudicadas por la moratorio abre el melón, nunca cerrado, por otra parte, de cómo proceder para limitar el crecimiento del Archipiélago. Las movilizaciones de los canarios han demostrado que hay un clamor social que cuestiona los beneficios de un sector turístico desbocado. La falta de viviendas y los bajos salarios son piedras angulares de la reivindicación, además de las repercusiones que la masificación desaforada tiene para la capacidad de carga del territorio, la población y los valores naturales.

En este sentido, las indemnizaciones por la moratoria y el criterio fijado para la gestión próxima del suelo afectado constituye, sin lugar a dudas, un revés para los compromisos adquiridos por el Gobierno regional tras el movimiento Canarias tiene un límite. De ninguna manera, el cierre del pleito histórico de la moratoria debe interpretarse como un cheque en blanco para los promotores, ni para los ayuntamientos que van a regular los usos del suelo y sus compensaciones a través de negociaciones con las firmas empresariales. Estas corporaciones públicas deben ser sensibles a la tesitura en la que se encuentra Canarias, anteponiendo los intereses generales a los localismos. El Gobierno canario, por su parte, debe estar vigilante y no hacer dejación.

El abono por la moratoria supone un antes y un después. Tras el pago millonario, queda tiempo para ver cuáles han sido los pros, que los habrá, y los contras. El método seguido transmite, en todo caso, la certidumbre de que el intervencionismo sobre la propiedad privada y los derechos adquiridos conducen, inexorablemente, a los tribunales y a conflictos que se eternizan. La experiencia, sangrante para las arcas públicas, determina la exploración de otro modelo para equilibrar el crecimiento de las Islas. El fin del pleito también puede ser el principio para reclamar de los beneficiados una ética para no acabar destrozando la gallina de los huevos de oro.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas