El salario sube, la renta disponible no. Y ahí empieza la frustración

Hay pocas cosas más frustrantes para una familia que escuchar que los salarios están subiendo y comprobar, al mismo tiempo, que a final de mes no consigue vivir mejor. Pero hay otra frustración de la que hablamos mucho menos.

La de empresarios y sindicatos que se sientan durante semanas, meses, incluso años, a negociar convenios colectivos, acercan posiciones, asumen costes, moderan pretensiones y alcanzan acuerdos para mejorar los salarios… y después contemplan cómo una parte de ese esfuerzo se disuelve como humo antes de llegar al bolsillo del trabajador.

Los datos resultan especialmente ilustrativos. El salario medio bruto en España pasó de 31.472 euros en 2024 a 32.678 euros en 2025: un incremento del 3,8%.

Parece una buena noticia. Pero la inflación fue del 2,6%. Por tanto, la mejora salarial real quedó reducida aproximadamente al 1,2%. Y todavía falta una pieza. Tal vez la más importante.

Al no deflactarse plenamente el IRPF con la inflación, la carga fiscal asociada a ese salario aumentó alrededor de un 1,5%. Resultado: según estos cálculos, el trabajador medio habría terminado perdiendo unas décimas de poder adquisitivo. Y aquí está el problema que me parece verdaderamente importante. Estamos confundiendo subida salarial con mejora de la renta disponible.

No son lo mismo. El trabajador no vive de su salario bruto. Vive de lo que queda después de impuestos y cotizaciones y de lo que ese dinero neto que recibe, puede comprar después de pagar vivienda, alimentación, energía, transporte, seguros y el resto de gastos cotidianos.

Por eso podemos encontrarnos ante una paradoja social difícil de explicar: el empresario paga más, el trabajador cobra más, el Estado recauda más… y la familia siente que tiene menos poder adquisitivo.

Algo falla cuando todos los indicadores nominales mejoran pero la percepción económica de los hogares empeora. Y no deberíamos despachar esa percepción diciendo simplemente que las familias «no perciben» la mejora económica. Quizá la perciben perfectamente. Quizá lo que ocurre es que estamos midiendo una realidad distinta de la que ellas viven.

Hay además una dimensión institucional que merece ser reivindicada. La negociación colectiva representa uno de los grandes espacios de entendimiento de nuestra economía. Empresarios y sindicatos pueden tener intereses diferentes –y naturalmente los tienen–, pero son capaces de sentarse, negociar y alcanzar acuerdos de manera productiva para ambas partes.

Cuando pactan incrementos salariales, las empresas están asumiendo un aumento real de sus costes laborales para mejorar la remuneración de sus trabajadores.

Y los sindicatos, por su parte, realizan también un ejercicio de responsabilidad al intentar compatibilizar recuperación salarial con productividad, competitividad y sostenibilidad de las empresas.

Ese equilibrio no es sencillo. Si bien es el pilar fundamental para la creación de riqueza. Precisamente por eso resulta frustrante que, después de semejante esfuerzo de entendimiento, la inflación y la Fiscalidad terminen absorbiendo una parte significativa del resultado negociado.

No estamos hablando únicamente de impuestos. Estamos hablando de incentivos y confianza. Porque llegará un momento en que el trabajador se preguntará: ¿Para qué sirve que negocien una subida salarial si mi capacidad de compra apenas mejora? Y el empresario podrá preguntarse: ¿Para qué hago un esfuerzo adicional sobre mis costes si buena parte de esa mejora nunca llega realmente al bienestar de mi trabajador? Ese círculo es peligroso.

Deteriora la confianza en la negociación colectiva, alimenta la frustración de las familias y termina enfrentando a trabajadores y empresas por una renta que, paradójicamente, ambos han hecho el esfuerzo de mejorar. Por eso creo que deberíamos cambiar la conversación.

El gran indicador social de una economía no puede ser solamente cuánto aumenta el salario nominal. Tiene que ser cuánta renta disponible real queda finalmente en los hogares.

Después de la inflación.

Después de los impuestos.

Después de las cotizaciones.

Y después del coste real de vivir.

Porque una economía no mejora verdaderamente cuando conseguimos que las nóminas sean más grandes. Mejora cuando conseguimos que las familias puedan progresar gracias a ellas.

Y si empresarios y sindicatos hacen el esfuerzo de ponerse de acuerdo para mejorar los salarios, deberíamos procurar que ese esfuerzo no se disuelva como humo antes de llegar a la mesa de las familias. Se llama corresponsabilidad fiscal y social.