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Opinión | Editorial

Fondos next generatión: un trabajo que se puede ir a la basura

Fachada de la Comisión Europea, en Bruselas, con una lona alusiva a los fondos europeos Next Generation

Fachada de la Comisión Europea, en Bruselas, con una lona alusiva a los fondos europeos Next Generation / E.D. / L.P.

El desmantelamiento del operativo puesto en marcha en Canarias para distribuir la ayudas para la descarbonización, los fondos Nex Generation (NGEU), evidencia la precariedad con la que se ha trabajado para la resolución de los expedientes. El cierre de las Oficinas de Energía de Canarias es una bofetada al impulso de las políticas verdes, pero también un menosprecio a cientos y cientos de promotores que desconocen cómo va a cumplir la Administración canaria el plazo del 31 de agosto, fecha final para el traslado de los expedientes al Estado

. La tramitación de las ayudas está finalizada, pero no ocurre lo mismo con las justificaciones de los proyectos. Menos aún con el pago de las subvenciones a los beneficiarios. Una situación llena de incógnitas que provoca incertidumbres a un tejido empresarial que ha apostado por la políticas verdes. No hay que olvidar que los fondos Next Generation se crearon con el objetivo de estimular la economía de la Unión Europea (UE) y reparar los daños de la pandemia Covid-19, todo ello en el marco del avance hacia la transición ecológica y digital.

Canarias ha hecho los deberes, con una gestión sin reproches, reconocida por Bruselas, con un cumplimiento de los hitos. El mismo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró recientemente haber recibido la felicitación por la gestión de estos fondos. Están en juego 240 millones de euros, pero también miles de empleos cualificados vinculados a los nuevos caladeros laborales de sectores bajo el paraguas de la descarbonización. Un fracaso en la obtención de una prórroga que vaya más allá del 31 de agosto , no sólo sería catastrófico para la estabilidad de las iniciativas afectadas, sino que abundaría en el descrédito de la Administración.

En estos momentos, con el cierre a la vista de los fondos Nex Generation, el Gobierno de España impulsa el fondo soberano España Crece, gestionado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El cuello de botella con que se ha encontrado la tramitación de las ayudas europeas debería ser una lección para establecer una prioridad: la superación de los obstáculos burocráticos y los retrasos en los expedientes sólo se pueden soslayar desde una modernización de la administración pública.

No se puede lanzar un programa sin establecer los recursos humanos con los que se va a contar. El adelgazamiento de la Administración, carente de un espíritu modernizador capaz de conectar con los servicios de Bruselas, nos ha llevado a situaciones kafkianas, como es desmantelar el operativo para cerrar los expedientes de Next Generation. También hemos visto, no sin sonrojo, la devolución de importantes cantidades de dinero a la UE por dificultades en la gestión de un proyecto.

Urge por tanto que Madrid, siguiendo instrucciones de la UE, proceda para resolver de una forma rápida y clara sobre una necesaria prórroga para la tramitación de los expedientes articulados para la descarbonización de Canarias. En caso contrario, la consecuencias serían indeseables: España pone fecha a las comunidades autónomas, que deben llegar a tiempo, es decir, tienen que retornar a las arcas del Estado todo el dinero que no esté justificado. ¿Qué ocurriría? Las patronales empresariales advierten que hay riesgo de que esos fondos que no han podido ser cerrados en plazo, finalmente, sean desviados a otros territorios.

Hasta ahora no existe ninguna comunicación oficial de aceptación de una prórroga. Se trabaja con todas la hipótesis en un contexto europeo donde la prioridad ecológica ha sido desplazada por los planes de rearme para la defensa de las fronteras. La no existencia de un plazo mayor se lleva por delante lo que ya está concluido, al acabar con los puestos de trabajo y el esfuerzo realizado por aquellos a quienes se contrató para precisamente poder sacar adelante una gestión multimillonaria en tiempo récord.

Para entender la pérdida que supone el cierre de la Oficinas de Energía, basta recordar uno de sus logros: 8.035 vehículos y 3.055 puntos de recarga eléctrica prejustificados dentro del Plan Moves III. Otro de los hitos dentro de la Estrategia de Energía Sostenible para Baleares y Canarias han sido los 143 megavatios, 85 por las Islas. Había que promover al menos 430 actuaciones y han llegado a 486. El Archipiélago trabaja, por tanto, en rebajar su huella de carbono, pese a las dificultades que entraña la activación y cierre de los expedientes. El modelo tiene que revertirse, no es procedente que participar en la transformación ecológica tenga un coste tan alto, tan dañino para las empresas

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