España cada vez más cerca de convertirse en un Estado fallido

Si analizamos objetivamente lo que significa el concepto de Estado fallido, tal vez sea una exageración decir que España está cerca de convertirse en uno de ellos; ya que, tradicionalmente, eso se deja para países como Somalia, Haití y algún que otro estado de esa cuerda que no funcionan como deberían según los estándares democráticos al uso. Pero si lo vemos desde una perspectiva europea, el hecho de que un gobierno sea incapaz de mantener el control mayoritario en el parlamento; no se atreva a presentar –como exige la Constitución– unos Presupuestos Generales del Estado por temor a que no los aprueben (el último es de la legislatura anterior, ejercicio 2023); su agenda política esté subordinada a que la prensa libre publique un nuevo escándalo de corrupción que salpique al presidente, a su entorno familiar, o a su gobierno; que la justicia impute a decenas de altos cargos relacionados con la administración (en estos momentos suma 126 imputados y sigue); que el gobierno ejerza sin pudor el nepotismo y haya colonizado las más altas instituciones, organismos y empresas del Estado, colocando a familiares y amigos…

Con estos indicadores –o en algunos casos con solo uno de ellos–, en cualquier país de nuestro entorno europeo el gobierno hubiera caído hacía ya tiempo. ¿Por qué en España esto no sucede? En primer lugar, porque tenemos a un presidente del Gobierno que los estándares democráticos –la rendición de cuentas, la transparencia, el respeto al estado de derecho y la defensa del bien común, no digamos ya el honor y la palabra dada–, se los pasó por el arco del triunfo hace tiempo; y, en segundo lugar, porque al gobierno lo apoyan unos socios que son abiertamente enemigos de España y que consideran que con este presidente les está yendo muy bien para sus espurios intereses.

Pero en este caso que nos ocupa y preocupa, existen otros parámetros que definen aún mejor ese acercamiento al Estado fallido como puedan ser: una debilidad económica y social alarmante –la macroeconomía va muy bien–, pero la clase media se está reduciendo debido al encarecimiento de la vida, la subida feroz de los impuestos y al estancamiento de los sueldos; la pobreza infantil va en aumento –un 33% de los menores se considera en exclusión social–; el gobierno es incapaz de hacer frente a los grades desafíos a los que nos enfrentamos, ya sea la pandemia, una DANA, un gran apagón, una catástrofe ferroviaria, los innumerables accidentes de carretera por falta de mantenimiento de las grandes infraestructuras; los incendios, que, como todos los veranos, arrasan nuestros bosques y campos sin que el gobierno haya sido capaz en ocho años que lleva en el poder de haber puesto en práctica una política forestal que agilice unos trámites burocráticos –existen al menos 9.500 normas medioambientales– para que no contribuyan aún más a que nuestros campos sean cada año un verdadero polvorín.

Se dice que el fuego comenzó cuando los gobiernos –sea este o los anteriores–, decidieron perseguir y castigar al mundo rural. Por eso es decepcionante, cuando no deprimente, que el gobierno actual siga hablando de emergencia climática y de que es necesario un pacto político. Más les valdría legislar con sentido común, pensando en los ganaderos y en la gente del campo y dejar los dogmas y las ideologías sectarias –esas sí que matan–, al margen y no seguir ideologizando el debate sobre el cambio climático –que es evidente que existe–, pero que se da de bruces con la cruda realidad: el 95% de los incendios los provoca la acción del hombre.

Y no, no me he olvidado de uno de los indicadores más importantes a la hora de calibrar la salud democrática de un Estado, como lo es el hecho de que este permita que la fuerza –inherente al Estado– la puedan ejercer otros grupos o mafias, ya sea debido al narcotráfico o al tráfico de seres humanos, sin que se les haga frente con todos los resortes del Estado, incluido el peso de la ley. Y, menos aún, que permita la invasión de una parte del territorio nacional por hordas descontroladas, pero perfectamente dirigidas, poniendo en peligro la seguridad del territorio y de las personas que habitan en él, mostrando ante los ojos del mundo y especialmente ante los ojos de «Mohamed», que no solo hemos perdido capacidad de influencia, sino que hemos fracasado, que es aún peor, en la capacidad de disuasión.

Y lo más penoso y lamentable de todo esto, es que, mientras esto sucede, el presidente del Gobierno, desde su retiro estival en la Residencia Real de La Mareta, muestra su terrible falta de empatía con los que sufren: miles de personas que se han quedado sin hogar debido a los incendios, más de un centenar de muertos por la entrada masiva de inmigrantes y otras miles que siguen angustiadas en sus casas viendo cómo los invasores que aún quedan recorren impunemente sus calles… y él, mientras tanto, se dedica a recomendarnos una lista de canciones para que disfrutemos del verano.

Menos mal que aún existe el karma; ya saben, aquello de la siembra y la cosecha.