Los que se quedan

Desde hace varios años, las ruedas de prensa conjuntas entre los rectores de las universidades públicas canarias recuerdan al día de la marmota. No precisamente porque las hagan en el invierno lagunero o en la humedad de Tafira, sino porque sus reivindicaciones y lamentos son ya estructurales entre nuestras instituciones públicas superiores. Básicamente el déficit financiero que las ahoga no solo no se ha conseguido atajar, sino que amenaza con crecer rápido debido al incremento del coste laboral pactado en la negociación colectiva estatal. Esto, junto a la imposibilidad de cubrir los costes de estructura actuales, proyecta unas pérdidas de en torno a 15 millones de euros para el próximo curso.

Los rectores han planteado sus necesidades de manera conjunta durante años. Han recordado que si su presupuesto debe depender en menor medida del contrato programa con el gobierno autonómico, es precisamente este quien tiene la potestad de elevar las tasas públicas para que aumenten esos ingresos directos (a costa, claro está, de encarecer el coste de los estudios para los estudiantes…). Han detallado además su demostrada capacidad para captar recursos en programas de innovación comunitarios, o en general en fondos competitivos asociados a la investigación. Más del 60% de los egresados universitarios encuentran trabajo y contribuyen fiscalmente antes de que pase un año desde que terminan sus estudios. Directamente el 13 % del empleo creado en Canarias desde 2020 se dio a partir del conocimiento generado por la ULPGC y la ULL.

Por si fuera poco, en la última propuesta de contrato programa que reciben las universidades públicas se acentúan todos los procesos fiscalizadores y sancionadores ante hipotéticos incumplimientos o justificaciones erróneas que puedan darse. En general, la percepción de abandono o desidia a la hora de apostar por la formación universitaria pública en los últimos años coincide con el «boom» de las universidades privadas en Canarias. Algo similar va pasando con la FP. Todo esto en una comunidad con una tasa AROPE superior al 30% (esto son más de 700.000 personas en las islas), indicador que escala hasta el 44% en lo que se refiere precisamente a la juventud.

Exigir más a las universidades públicas canarias ahogando sus presupuestos y ampliando el trabajo de justificación hasta el paroxismo de la hiper burocratización, es básicamente reforzar un vector de desarrollo del que es nuestro principal problema: la desigualdad. Sus fotos en los rankings nacionales suelen avergonzarnos, y ante eso se les cierra el grifo y se las inspeccionan hasta la saciedad (en lugar precisamente de invertir y facilitar su trabajo). La educación pública es el principal ascensor social en nuestra tierra. Entre ellos, el de la educación superior directamente es el que consideraríamos como panorámico. Atrofiarlo con poco mantenimiento y frenos al límite es directamente una rendición ante esa disfuncionalidad que marca nuestra economía y sociedad.

Quien conoce a gente que ha dejado su juventud intentando desarrollar en los últimos años una carrera docente e investigadora en la universidad, sabe de la precariedad que sufren estos profesionales. Lo triste es que no es el único ámbito. Quien además trabaje, por ejemplo, en una ong, sea del ámbito educativo o, en general, cualquiera que preste servicios esenciales en ámbitos como la discapacidad, la lucha contra la pobreza, la dependencia o la protección de la infancia por citar solo algunos, conoce bien lo que es tragar con presupuestos congelados y el yugo de una burocracia que con carácter previo te trata como si fueras un delincuente.

Hablamos de la mayoría de nuestros médicos, abogados, profesores, ingenieros, trabajadores sociales, economistas… los que nos atienden cuando vamos al hospital, al juzgado, al ayuntamiento o al colegio de nuestros hijos (otros muchos los mandamos a Alemania o a Suecia, ya que por lo visto nos sobra ese capital). En general, en nuestras universidades, todos los que se quedan (profesores, becarios, investigadores, alumnos…), son cada día menos, más pobres, con menos futuro local, con menos plazas en residencias, con menos alquileres que no supongan empeñar un riñón, con menos recursos para investigar o aplicar… Los que se quedan.