Después de Ceuta

Fueron 200 entradas a nado diarias, varios avisos de inteligencia respaldados por un historial de presión híbrida en el flanco sur. Después de la avalancha migratoria en Ceuta, pocos cuestionan que no nos encontramos ante una acción organizada, pero el foco se desplaza a conveniencia del emisor. El Gobierno de España señala las redes sociales, una posición coherente con el relato oficial de Moncloa que atribuye el origen de toda expresión de desafección o radicalización a la manipulación algorítmica.

Detrás de 72.000 personas que avanzan y logran penetrar otra nación, la red existe como elemento activador, sin lugar a dudas. Pero una movilización de tal magnitud también ha tenido que ser estimulada, desde la Marcha Verde del 76 y otras arribadas utilizadas con fin desestabilizador, como antecedentes más inmediatos. También con un Marruecos estrangulando comercialmente ciudades autónomas, un país que crece económicamente, pero sigue sin ofrecer salidas a las necesidades de gran parte de su población al tiempo exhibe músculo en su rearme mediante compras a EEUU y la cooperación económica y militar con Israel.

Pero esta crisis también debe situarse en la ruptura de la tradición en política exterior española, cuando los temas articulares surgían del consenso, asumiendo siempre que estos debían someterse a la consideración de la oposición. A esta lógica quedaba sometida la relación bilateral con Marruecos, pretendiendo un punto de equilibrio, y ante todo, de control, especialmente en lo referente a la cooperación contra el yihadismo en África. El cambio de postura respecto al Sáhara consumó dicha ruptura, generando rechazo a izquierda y derecha, y facilitando otras concesiones, la arbitrariedad y opacidad como norma, y un conflicto irresuelto en torno a las aguas territoriales que afecta a Canarias.

Podemos considerar que algunos gobiernos de la UE optaron por reacciones desproporcionadas o insolidarias, en las primeras horas de la crisis. Resulta evidente el miedo a la amenaza que representa la migración empleada como arma, incluso en aquellos aliados que afirman que es necesaria para resolver el problema demográfico del continente. Si existe una idea común en Europa, actualmente, es la migración ordenada. En este contexto, la sentencia del Supremo no deja de ser un pretexto para la última agresión vivida en Ceuta, contribuyendo a la idea de que España permite una política migratoria errática.

La acción hostil de Marruecos contra dos ciudades españolas debe entenderse, primero, como un tanteo que permitiría medir el nivel de respuesta español. El Gobierno de España parece no haber calculado bien que, al no situarse inmediatamente junto a sus socios, Marruecos interpretaría con toda seguridad el escenario que nos es menos favorable: España está sola en la UE. Resulta también incomprensible el papel de Exteriores e Interior, exculpando prematuramente al vecino, en lugar de esperar un pronunciamiento, así como el agradecimiento a una supuesta colaboración en un momento donde solo se apuntalaba la vulnerabilidad propia.

Merecen la comparencia del presidente del Gobierno y de sus ministros asuntos que dañan la imagen de España hacia el interior y exterior. Un periodista experto en Marruecos afirmaba en estos días que Moncloa habría borrado a Ceuta de los informes diarios restringidos del Departamento de Seguridad Nacional. El cese de la jefa de comunicación del DSN tras la publicación de la alerta, en un mensaje que fue eliminado de la web poco después de su publicación, no puede sino leerse como una acción expeditiva que pretendía ocultar la dimensión del problema cuando las entradas ya se contabilizaban en 49.000 en una población de 80.000.

Existe además una cuestión incómoda para el espacio progresista y es la que refrenda la visión ultra, tener que mirar ahora de frente otro problema que también se ha alimentado desde la irresponsabilidad. Si al actual Gobierno le convenía que Vox saliese reforzado de cara a disputarle al PP las próximas elecciones, este es el camino. Después de Ceuta, hay terreno para cualquier desmán de la oposición en cuanto a inmigración, aunque quienes buscaban alterar la convivencia en Ceuta no hayan podido extraer demasiado de estos lodos geopolíticos.

Mientras tanto, la agosticidad supera la gravedad de la crisis. No se convocará la Comisión Permanente del Congreso. Nadie dimitirá. El Gobierno de España no ha sabido gestionar la gran dicotomía que representa Marruecos, aliado y enemigo. Qué nos queda, entonces. Un Gobierno que desautoriza a su inteligencia, cuando no negando la disponibilidad de informes, minimizando su responsabilidad, alegando que la información disponible no permitía dimensionar este resultado. Que nos quedará, después. La amenaza persistente sobre la soberanía del estrecho. Un irrendentismo que se crece bajo el manto protector de la Administración Trump y la de Netanyahu, que es el de la fuerza bruta y el desprecio por la vida humana.

En política de Estado, la firmeza de las decisiones de los gobiernos debe trascender apoyos políticos internos, basarse exclusivamente en una reflexión seria y coherente de los intereses del país a medio y largo plazo. Ante lo sucedido en Ceuta, el reconocimiento mayoritario de una intrusión que afecta directamente a la integridad territorial, la respuesta española requiere firmeza, rigor y ponderación de principio a fin, sin proyectar desunión ni aislamiento en el contexto europeo. Y, por supuesto, reconociendo que este escenario sí se podía anticipar.