Flanco sur

Lo ocurrido en Ceuta durante la última semana debe obligarnos a revisar algunas ideas que damos por supuestas. En Ceuta se produjo una presión masiva sobre la frontera, mensajes por redes sociales, permisividad objetiva de Marruecos, desinformación, caos y saturación de los servicios públicos. Podemos asegurar que se trató de una operación situada en esa zona gris en la que se puede atacar a un Estado sin que nadie reconozca la agresión, ni el Estado pueda ofrecer una respuesta militar clara.

Canarias se encuentra bastante más lejos de Madrid que Ceuta, es un territorio fragmentado en ocho islas habitadas y depende del exterior para absolutamente todo. Lo ocurrido debería bastar para que nos preguntemos si el archipiélago dispone de los recursos necesarios para protegerse ante una contingencia semejante o ante una combinación de amenazas aún más compleja. No se trata de alentar fantasías bélicas, ni mucho menos elucubrar sobre una invasión marroquí. Más bien de asumir que las amenazas de hoy no tienen por qué adoptar la forma de una flota acercándose a la costa. Una crisis híbrida puede combinar presión migratoria, desinformación, ciberataques, sabotajes, cortes del tráfico marítimo y ataques contra los sistemas energéticos y de comunicación.

La Estrategia de Seguridad Nacional identifica hasta dieciséis riesgos, entre ellos los ya citados, además del terrorismo, el espionaje y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas. Y advierte de que esas amenazas pueden presentarse al mismo tiempo. También insiste en proteger puertos, rutas marítimas, cables submarinos, abastecimiento eléctrico y comunicaciones. Es muy relevante en un archipiélago alejado, donde cualquier interrupción prolongada del tráfico por mar afecta al suministro de alimentos, combustibles, medicamentos y materias primas.

Sería demagogia decir que Canarias está militarmente desatendida: el Ejército mantiene el Mando de Canarias y la Brigada Canarias XVI, con unidades en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. La Armada cuenta en Las Palmas con el Mando Naval, el Arsenal, unidades de protección y buceo y cuatro buques de acción marítima. El Ejército del Aire dispone de la base de Gando, el Ala 46, el aeródromo de Lanzarote y la vigilancia del espacio aéreo. Y elcambio de los veteranos F-18 por veinte Eurofighter ya ha comenzado. No estamos ante un desierto militar. Pero enumerar unidades no garantiza la suficiencia de medios. Cuatro patrulleros sirven para vigilar, controlar el tráfico y mantener presencia naval, pero no son una flota de combate. Una brigada puede proteger instalaciones y responder ante determinadas contingencias, pero su movilidad depende de medios navales y aéreos. Y disponer de cazas modernos exige contar también con radares, defensa antiaérea, mantenimiento, combustible, munición y capacidad para mantener operativa la base que los alberga.

La información para evaluar en detalle nuestra capacidad no es pública, forma parte de los planes reservados de defensa. Pero los canarios tenemos derecho a saber si nuestra singularidad geográfica ha sido suficientemente incorporada a la planificación nacional y aliada.

La OTAN asegura abordar las amenazas procedentes de cualquier dirección, aunque durante los últimos años su atención y recursos se han centrado en el frente oriental, Rusia y la guerra de Ucrania. Canarias forma parte –sin ninguna duda–, del territorio protegido por la Alianza. La cobertura jurídica del archipiélago es mucho más clara que la de Ceuta y Melilla: el Tratado de Washington incluye expresamente las islas situadas en el Atlántico al norte del Trópico de Cáncer. Pero el artículo 5 no funciona como un timbre que se pulsa y aparece acto seguido la sexta flota USA. Su activación exige de una decisión política y cada país aliado es libre de determinar el tipo de asistencia que presta. Además, resultaría difícil invocarlo ante una agresión híbrida diseñada para no alcanzar el umbral de un ataque armado.

Por eso, la capacidad de defensa de Canarias ante una operación híbrida depende de la capacidad de resistencia de sus puertos, aeropuertos, hospitales, desaladoras, centrales eléctricas y telecomunicaciones. Depende de reservas estratégicas, sistemas alternativos, protocolos coordinados y una población informada de forma fiable y no por redes plagadas de mentiras, propaganda y contradicciones. En una crisis semejante tendrían que actuar conjuntamente las Fuerzas Armadas, todas las administraciones de la región, las fuerzas de seguridad, Protección Civil y los operadores privados responsables de servicios esenciales. No sabemos si esos planes existen, si se ensayan periódicamente y si están adaptados a una agresión simultánea sobre varias islas, que permita soportar una operación de desestabilización prolongada hasta recibir ayuda. Saber si podremos mantener abiertos nuestros aeropuertos y puertos, garantizar el suministro eléctrico y de agua, proteger las comunicaciones y evitar que el miedo, los bulos y el desabastecimiento destruyeran la convivencia.

Ceuta ha demostrado que una frontera puede desbordarse en unas horas mientras el Estado no reacciona. Deberíamos estar preparados para que aquí no pueda pasarnos lo mismo.

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