En modo canario: blindar el REF, fortalecer el consenso

La política encuentra una de sus mejores versiones cuando es capaz de dialogar para alcanzar soluciones concretas que beneficien a los ciudadanos. En un contexto estatal caracterizado por la confrontación, la negociación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para cerrar un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica supone una excepción que merece ser aplaudida. Como ya ocurrió con el reparto de menores migrantes o los cambios en la RIC. No porque desaparezcan las diferencias políticas, sino porque demuestra que es posible defender intereses legítimos, alcanzar compromisos y construir pactos sin convertir cada discrepancia en un motivo de disputa.

El respaldo de Canarias al nuevo modelo no es un cheque en blanco. Es el resultado de una negociación en la que el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo ha fijado unas bases que han sido asumidas por el Estado, en este caso con la intermediación de Ángel Víctor Torres y quien fuera uno de sus hombres de confianza y ahora ministro de Hacienda, Arcadi España. El diálogo ha logrado que se reconozca que los recursos derivados del REF deben quedar fuera de la financiación con la que se afrontan los servicios públicos.

La razón de ser del REF responde a una realidad reconocida por la Constitución y el Estatuto de Autonomía. La de compensar los sobrecostes que soporta Canarias por su condición de región ultraperiférica. La lejanía del continente europeo, la insularidad, la fragmentación territorial, la ausencia de materias primas, la dependencia exterior, la escasez de recursos básicos como el agua y la energía o las limitaciones derivadas de su compleja orografía generan hándicaps estructurales. Confundir esos recursos compensatorios con la financiación destinada a la sanidad, la educación o los servicios sociales desvirtúa el REF.

El acuerdo incorpora además fondos que permitirán mejorar la capacidad de la comunidad autónoma para atender prestaciones esenciales. Más allá de las cifras, que superan los 1.300 millones de euros adicionales entre financiación ordinaria y mecanismos complementarios, lo relevante es que ese dinero podrá destinarse donde más impacto tiene sobre la calidad de vida. Hospitales, centros educativos, dependencia o políticas sociales. El pacto incluye medidas para aprovechar la buena salud financiera de Canarias, pues permite utilizar parte del superávit acumulado gracias a una gestión presupuestaria prudente.

En un escenario donde el debate territorial suele convertirse en una competición entre agravios, Canarias ha optado por negociar sin reclamar privilegios que perjudiquen a otros y defender sus singularidades desde el consenso. Esa actitud, ese modo canario, fortalece la posición de las Islas y refuerza la credibilidad de sus reivindicaciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez necesita acuerdos estables con el objeto de desarrollar su agenda y, sobre todo, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Esa necesidad le obliga a la negociación y convierte el diálogo en herramienta imprescindible. Cuando ese entendimiento produce resultados que benefician al interés general, lejos de interpretarse como una debilidad debe entenderse como el normal funcionamiento del parlamentarismo democrático.

Convendría que el clima de entendimiento generado alrededor de este acuerdo no fuera una excepción. El principal partido de la oposición, el PP, tiene derecho a discrepar, pero los grandes asuntos de Estado difícilmente pueden resolverse desde el bloqueo sistemático. La financiación autonómica, la sostenibilidad de los servicios públicos, la cohesión territorial o la estabilidad presupuestaria requieren consensos. La ciudadanía demanda soluciones. Es tarea de Manuel Domínguez convencer a los suyos de que no torpedeen algo que beneficia a Canarias. Y ya lo ha logrado en varias ocasiones.

Canarias ha conseguido preservar uno de los pilares de su autogobierno económico y mejorar su posición financiera con esta negociación. El Estado, por su parte, ha reconocido unas singularidades históricas. Este acuerdo no resuelve todos los desafíos pendientes ni pone fin a las negociaciones entre ambas administraciones. Pero sí marca una dirección. La de una política, un modo canario de operar, que ve el pacto como un instrumento útil y no como una cesión. Y que puede servir de referencia para que el Estado y otras regiones lleguen a entendimientos similares.