Bomba

Es como si Fernando Clavijo, Arcadi España y Ángel Víctor Torres se hubieran fundido en el cuerpo de King Africa. Lo del acuerdo entre el Gobierno español y el canario sobre financiación autonómica ha caído como una bomba, hasta el punto de que el Ministerio de Hacienda, ante las indignaciones, dudas y curiosidades de las demás comunidades autónomas, ha decidido posponer hasta principios de septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una mano en la cintura, un movimiento sexi y 1.300 millones de euros. Muchos jerarcas del PP se han entregado a la indignación. Han calificado la negociación de Fernando Clavijo como «una traición». Algo ligeramente exagerado: en el pacto suscrito por Coalición y el PP en junio de 2023 se trata, por supuesto, del «futuro modelo» de financiación de las administraciones regionales concretando que respecto a Canarias deberían reunir dos condiciones: que los fondos asignados garantizaran como mínimo el funcionamiento de los servicios públicos y que los ingresos del REF quedaran excluidos de cualquier cálculo. Ambas condiciones básicas están garantizadas en el acuerdo con el Gobierno central. Lo que saca de quicio a la dirección del PP no es ninguna deslealtad programática. Hasta el momento las comunidades se dividían en dos grupos: los que se oponían ferozmente al acuerdo y los abiertamente reticentes. Por primera vez una comunidad autónoma fuera de Cataluña apoya la propuesta que el PSOE pactó con Esquerra Republicana. Se ha roto un estatu quo coagulado hace más de un año.

Desde un punto de vista global, considerando el sostenimiento del nuevo sistema, no están huérfanos de razón los que consideran que construir el nuevo modelo a golpes de negociaciones bilaterales supone un dislate, y eso sin detenerse en el precio que alcanzará domar a todas las comunidades autónomas para que acepten apriorísticamente el trato a Cataluña en el futuro sistema, que incluye la ruptura de la caja única. A las cuatro haciendas que de facto funcionan en España –la central, las tres forales vascas y la de Navarra– se uniría a medio plazo (tres, cuatro, cinco años a lo sumo) una hacienda catalana plenamente independiente que a medio plazo recaudaría todos los impuestos en su comunidad y solo entregaría al Estado una asignación anual de carácter discrecional. El nuevo cupo catalán. El sanchismo ha intentado desactivar el rechazo prometiendo pasta para todo el mundo. Entiéndase; no una cantidad extraordinaria y circunstancial, sino una asignación multilmillonaria que se transferiría cada año a cada comunidad. Un café para todos fiscal. Por no citar a hacendistas, catedráticos o economistas, gente tan seria como la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado han advertido reiteradamente que la capacidad financiera del Estado quedaría en entredicho con este despiporre, y un Estado depauperado está abocado a una crisis política y operativa que terminaría afectando a todas las administraciones públicas. Pues bien, aun así, Fernando Clavijo y CC han considerado que valía la pena que Canarias no fuera una parte pasiva en el decurso de los acontecimientos, sino que negociara activa y discretamente su situación particular. Otra cosa suponía a resignarse a lo que pudiera ocurrir antes o después de las elecciones generales de 2027.

Desde el PP y otros sectores políticos y empresariales se insiste en que no debe perderse la calma, porque Sánchez no contará con la mayoría absoluta indispensable para sacar adelante en el Congreso de los Diputados la ley que regulará el nuevo sistema de financiación. Supuestamente Junts per Catalunya lo rechazará como hasta ahora. Pero si llega el texto a la Cámara Baja el próximo octubre las presiones sobre JxC serán terribles, y no solo desde el Cercle d’Economia. Tal vez basten cuatro pinceladas para que los puigdemoniacos puedan presumir de una mejora espléndida y voten a favor del modelo. Sumarían 178 diputados. O 182 si se agrega Podemos. Canarias, con 1.300 millones extras y el REF intacto en el bolsillo, estaría muy cómoda en esa mayoría.

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